El Constitucional ordena volver a investigar si un etarra detenido en 2002 sufrió torturas

El Tribunal Constitucional ha amparado al etarra Alberto Viedma Morillas, condenado a 30 años de cárcel por el asesinato del subteniente del Ejército Francisco Casanova, y ha ordenado a los Juzgados de San Sebastián que reabra la investigación que archivó en 2003 para determinar si éste sufrió torturas durante su detención, que se produjo un año antes. La Sala Primera del Alto Tribunal señala que, aunque se emprendió con prontitud una investigación judicial, ésta se cerró cuando persistían aún "sospechas razonables" de que el delito se había cometido y "medios aún disponibles para despejarlas".

Viedma, quien fue detenido el 28 de febrero de 2002 por la Guardia Civil y reconoció ante el juez haber asesinado también al portavoz de Unión del Pueblo Navarro en Pamplona, Tomás Caballero, en mayo de 1998, presentó un escrito en el que denunciaba torturas y que terminó siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid. Un año más tarde se acordó el sobreseimiento de la denuncia por carecer de verosimilitud, debido a que Viedma, "una vez en Madrid y en sede judicial, se negó a ser reconocido por el médico forense", lo que según el juez "hubiera podido aclarar la realidad de las torturas" en el momento oportuno.

La Sala Primera del Constitucional entiende que la denuncia presentada por el etarra no fue investigada por el Juzgado de una forma "eficaz". La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Pérez Tremps, considera que el archivo se produjo sin que se hubiesen practicado todas las diligencias "relevantes" para determinar si hubo o no torturas.

La resolución judicial, que cuenta con el voto particular del magistrado Jorge Rodríguez Zapata, alude a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a dos recientes sentencias del propio Constitucional. El Alto Tribunal entiende que si existe una sospecha "razonable" de tortura y que si ésta es "disipable", deben "tomarse en consideración las circunstancias concretas de cada caso, siendo preciso atender a la probable escasez de pruebas existente en este tipo de delitos".

La resolución señala que Viedma fue trasladado a un hospital al inicio de su detención por sufrir "un malestar y mareo generalizado", apreciándose un "eritema leve en zona superior derecha de la espalda" y una "taquicardia de 96". Añade que el detenido denunció signos físicos en la nuca y la espalda a consecuencia de las agresiones que atribuyó a agentes policiales y que le fue recetado un medicamento sin especificar la causa.

Diligencias sin practicar

El Alto Tribunal considera también un "error" que se archivara la causa con el argumento de que Viedma no aclaró qué diligencias faltaban por practicar, ya que propuso las declaraciones de los agentes que intervinieron en su detención, la suya, la del abogado de oficio que le asistió, la del médico forense que le atendió y la de la médico que le observó en Pamplona.

Para el Constitucional, no es "determinante" el hecho de que Viedma se negara a ser reconocido en sede judicial. "De ser ciertas las torturas, esa renuncia pudo deberse a una voluntad condicionada por la intensa intimidación previa o por el miedo a verse sometido de nuevo a la custodia de sus agresores", añade. Así, el Constitucional dice que la "falta de credibilidad" que el juez atribuyó a la denuncia podría haber sido desmentida o corroborada por el testimonio del detenido y añade que el parte médico del hospital era "susceptible" de aclaración a través del testimonio de la médico que le reconoció.