Detenidos 99 particulares y empresarios por sustraer agua

La Guardia Civil ha detenido a casi un centenar de particulares y empresarios por sustraer agua de conducciones del Canal de Isabel II en una cantidad que globalmente podría superar 1,7 millones de metros cúbicos, suficiente para abastecer durante un año a una localidad como Mejorada del Campo. Según ha informado hoy la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) ha detectado en los últimos meses 90 fraudes de agua en la Comunidad de Madrid y ha imputado a 99 personas por un delito de defraudación de fluido hídrico.

Del total de fraudes, 69 eran realizados por empresas, la mayoría responsables de obras de construcción de inmuebles según han precisado a Efe fuentes de la Guardia Civil, que empleaban el agua en el ejercicio de su actividad.

Los imputados, a los que se ha tomado manifestación y que han quedado a disposición de la autoridad judicial, pueden enfrentarse a sanciones administrativas aunque no a penas de prisión. La operación del Seprona, denominada Hidríco, ha contado con la colaboración del departamento de fraude y autoprotección del Canal de Isabel II y la Confederación Hidrográfica del Tajo y ha permitido el esclarecimiento del 100% de los hechos denunciado.

Conexiones sin autorización

Además de realizarse 300 inspecciones de pozos, en las que se han detectado 376 infracciones notificadas por el Seprona a la Confederación, se ha detectado que la forma más habitual para la defraudación del agua es realizar una conexión sin autorización a la red general de suministro del agua.

Al respecto, la Guardia Civil ha querido destacar que estas conexiones ilegales hubieran quedado sin detectar en muchas ocasiones sin la "imprescindible colaboración" de los técnicos del Canal de Isabel II. En algunos casos, añade el instituto armado, ha sido necesario el empleo de medios técnicos para la detección de corrientes de agua (robot geo-radar, para medir densidades del terreno), procedentes de conexiones ilegales.

Alguna de las conducciones clandestinas localizadas medía más de un kilómetro de largo. La Guardia Civil ha señalado que este tipo de conexiones daña la conducción original, que debe ser reparada, provoca pérdidas incalculables de agua por fugas y en ocasiones bolsas de aguas subterráneas y disminuye la presión con que otros usuarios reciben el suministro.