El juez eleva la fianza impuesta al imputado que presuntamente destruyó pruebas

La Fiscalía y las acusaciones pedían prisión para el técnico municipal Jose Antonio Jodar.- El funcionario se excusa ante el magistrado diciendo que acudió a Urbanismo a elaborar un informe pendiente

El titular del Juzgado de Instrucción número 32, Santiago Torres, que investiga el caso Guateque, ha acordado hoy ampliar de 3.000 a 5.000 euros la fianza que impuso a uno de los imputados en la causa, el técnico municipal José Antonio Jodar, que presuntamente destruyó pruebas. Ha tomado esta decisión en contra de la opinión de la Fiscalía y las acusaciones, que pedían que le enviara a prisión.

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Según han informado fuentes jurídicas, el magistrado ha adoptado esta mañana la decisión de ampliar su fianza tras tomar de nuevo declaración a Jodar y en contra del criterio del fiscal César Estirado y de las acusaciones que representan al Ayuntamiento de Madrid y al PSOE, que han pedido su ingreso en prisión por un presunto delito de encubrimiento en su modalidad de intento de destrucción de pruebas. Las partes personadas han argumentado su petición en la existencia de indicios que apuntan a que el imputado obstruyó la labor de la instrucción, uno de los requisitos que exige la Ley para decretar el ingreso en prisión provisional.

Jodar se encontraba desde el 21 de noviembre en libertad bajo fianza de 3.000 euros y con la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado, acusado de presuntos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias en la supuesta red de cobro de comisiones para agilizar licencias de actividad de locales en el consistorio madrileño. El motivo de su comparecencia hoy ante el juez ha sido en relación con la desaparición de diversos expedientes de las oficinas de la Gerencia de Urbanismo que supuestamente le implicaban con la presunta trama de corrupción descubierta en el Ayuntamiento. Durante su declaración, el técnico municipal ha asegurado que la tarde del 25 de enero acudió a las oficinas de la Gerencia de Urbanismo a elaborar un índice que tenía pendiente sobre la relación de los expedientes a su cargo, precisamente los que investiga el juez.

Las explicaciones de Jodar

Según Jodar, no tenía intención de manipular pruebas objeto de la causa. En el interrogatorio, que ha durado dos horas, el instructor y las partes le han inquirido acerca de por qué acudió un viernes por la tarde a las oficinas de Urbanismo y sobre la repentina desaparición de varios expedientes de licencia sujetos a la instrución, como el de la calle Princesa, relativo al edificio de Seguros Ocaso, y el de la calle Piamonte. Jodar, que actualmente está suspendido de empleo y sueldo, ha insistido en que acudió a su trabajo a realizar un índice que no hizo en su día sobre el destino de los expedientes tramitados en su departamento. Respecto al del edificio de Seguros Ocaso, ha asegurado que no lo tenía porque se lo había remitido a Fernando Ruiz Torrejón, empleado municipal de Urbanismo imputado también por su vinculación a la red ilegal.

En cuanto al expediente de la calle Piamonte, Jodar ha explicado que mandó el documento original al departamento de Disciplina Urbanística, mientras que remitió una copia a Carmelo García Sánchez, el funcionario jubilado que actuaba como intermediario entre el Ayuntamiento y las empresas. El área de Función Pública de Urbanismo abrió a finales de enero a Jodar un expediente sancionador después de conocer que se llevó el expediente de licencia de una empresa situada en la calle del Pez (distrito Centro), sobre el cual esta mañana no ha sido preguntado. Según denunció el Ayuntamiento de Madrid, Jodar acudió el 25 de enero a Urbanismo para supuestamente destruir una serie de documentos y expedientes que le relacionaban con la trama investigada por el juez Torres.

El juez Torres tomará declaración mañana al último imputado en esta trama, el jefe de Licencias de la Junta de Distrito de Villaverde, al que el magistrado imputó el pasado martes tras el registro de las citadas dependencias, aunque no ordenó su detención. En dicho registro, la Guardia Civil se incautó de el disco duro del ordenador y las agendas de este funcionario.

Uno de los funcionarios detenidos, llegando al juzgado.
Uno de los funcionarios detenidos, llegando al juzgado.ÁLVARO GARCÍA

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