La Audiencia Nacional procesa a 40 militares de Ruanda por genocidio
El magistrado encargado advierte que existen pruebas suficientes para implicar al actual presidente, que cuenta con inmunidad
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha procesado a 40 militares ruandeses por delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y terrorismo por los hechos que ocurrieron en el país en los años 90. Les acusa de la muerte de más de cuatro millones de ruandeses y del asesinato de nueve españoles. El actual presidente, Paul Kagame, no ha sido procesado porque la jefatura del Estado le concede estatus de inmunidad. Sin embargo, el magistrado advierte de que existen pruebas suficientes de la participación en la matanza.
Andreu ha dictado órdenes de detención internacional contra los procesados, a quienes acusa de tomar el poder por la fuerza e instaurar un régimen de terror en el país realizando "horrendos crímenes" contra la población civil, la mayoría de etnia hutu. La estrategia de exterminio culminó "bajo el pretexto de razones de seguridad" con la "invasión y conquista" de la República Democrática del Congo.
Entre los crímenes de los que se acusa a los militares están las muertes de seis religiosos y tres cooperantes españoles en los campos de refugiados en los que trabajaban. De los testimonios aportados por los 22 testigos, se deduce que para asesinar a personas de raza blanca era necesaria una orden de la cúpula militar.
Responsabilidad de la ONU
El auto recoge también un alto grado de responsabilidad para la agencia de la ONU dedicada a proteger a los refugiados, ACNUR, que puso en marcha un programa de repatriación forzosa a partir de 1996 en los campos de refugiados de Congo, donde había más de un millón de ruandeses. El programa provocó una matanza aún mayor cuando regresaban a Ruanda. Además, a los refugiados que no querían regresar, ACNUR les amenazaba con regresar al día siguiente con los soldados, por lo que muchos eligieron el suicidio.
La orden de Andreu se produce después de que el Foro Internacional para la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos interpusiera una querella en la Audiencia Nacional en 2005 contra los dirigentes de Ruanda por el asesinato de nueve españoles.
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