Garzón imputa a tres dirigentes de ANV por colaboración en la financiación de ETA-Batasuna
El auto dice que los tres han colaborado en la financiación de ETA-Batasuna
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha imputado hoy un delito de colaboración con la organización terrorista ETA al presidente de Acción Nacionalista Vasca (ANV), Kepa Mirena Bereziartua y a los miembros de este partido Alazne Arozena y Antxon Gómez Lorente.
El magistrado ha acordado esta medida al término de la vista celebrada hoy para estudiar la posible suspensión de actividades de esta formación en un auto en el que señala que los tres imputados "han dispuesto de fondos y cantidades a favor de Batasuna y sus responsables", participando así "en la financiación de actividades terroristas por parte de ETA-Batasuna".
La suspensión de actividades de este partido ha sido reclamada por la fiscalía y dos asociaciones de víctimas por considerar que está instrumentalizada por el entramado terrorista ETA-Batasuna. Precisamente, los informes que los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado enviaron a Garzón para este efecto subrayaban "importantes pruebas" obtenidas "acerca de los vínculos políticos y organizativos entre Batasuna y PCTV".
Lo que decía la policía en esos informes encargados por Interior para la suspensión e ilegalización de las dos formaciones es que, dado que propicia y sostiene "la actividad político-institucional de Batasuna, asumiendo sus iniciativas" y dado que Batasuna "forma parte de la estructura criminal de ETA", lo que está haciendo ANV (y por ende, PCTV) es "un acto de favorecimiento de las actividades de ETA".
Los ex parlamentarios y ex miembros de la Mesa Nacional de Batasuna Jone Goirizelaia e Iñigo Iruin han sido los encargados de defender ante el juez las tesis de ANV, al igual que ayer hicieron con el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) en la primera de las vistas convocadas por Garzón para decidir sobre la suspensión de actividades de estas dos formaciones.
Goirizelaia sostuvo ayer ante el juez que el juzgado de Garzón no es competente en el caso porque las mismas medidas están solicitadas en el Tribunal Supremo. Agregó que los informes son de 2005 y que entonces no fueron suficientes para suspender a ambos partidos
Garzón y los 16 magistrados de la Sala del 61 del Tribunal Supremo estudiarán durante esta semana si decretan la suspensión de actividades de las dos formaciones sospechosas de estar contaminadas por la ilegalizada Batasuna e impiden, en consencuencia, que concurran a las elecciones del 9 de marzo.
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