La Audiencia reabre la investigación de las supuestas irregularidades en la contratación del Yak 42

Los errores en la identificación de los cadáveres de 30 de los 62 militares españoles que perdieron la vida el 26 de mayo de 2003 al estrellarse en Turquía el avión Yak-42 en el que regresaban de Afganistán son caso cerrado. No se van a investigar. Así lo decidió el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska el pasado mes de noviembre. Pero las pesquisas judiciales sobre el accidente tienen otro frente, las supuestas irregularidades cometidas en la contratación del aparato. El juez también cerró este flanco. Sin embargo, hace unos días la Fiscalía cambió de parecer y respaldó el recurso presentado por los familiares de las víctimas para reabrir esta parte del proceso. El fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, exigió "una investigación con profundidad y sin límites, para saber qué responsabilidades hay que exigir y a qué niveles". Hoy, la Sala de lo Penal de la Audiencia ha estimado el recurso, por lo que Grande-Marlaska tendrá que reabrir el caso.

Zaragoza se adhirió el pasado 8 de enero al recurso de las familias de las víctimas en contra de la decisión del juez, cambiando así el criterio seguido hasta entonces por la Fiscalía. Se basó en tres argumentos: dijo que la decisión de Grande-Marlaska de cerrar el caso contradecía la orden que la Sala de lo Penal dio en julio de 2004 para que se investigara el accidente; tachó de "incorrecto procesalmente" el auto del juez, porque reconocía la existencia de un delito y pero archivar el caso de forma definitiva; y recalcó que esta última decisión vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva.

Según el fiscal, Defensa pagó 171.350 dólares por el vuelo, pero la compañía operadora, la ucraniana UM Air, sólo cobró 45.000. Los más de 125.000 restantes quedaron en los bolsillos de hasta cinco intermediarios en la cadena de subcontrataciones. La falta de descanso de la tripulación, la avería de una de las cajas negras o la ausencia de seguro fueron otras de las posibles irregularidades del accidente.

La reapertura del caso devuelve la esperanza a los familiares de las víctimas, que llevan cuatro años y medio solicitando el amparo de la Justicia. El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, prometió a varios de ellos tras una reunión en diciembre del año pasado que haría "todo lo posible" para aclarar la mayor catástrofe de las Fuerzas Aéreas españolas en tiempo de paz.