La Comunidad denuncia que la Ley de Dependencia discrimina a 137.000 madrileños

Nuevo capítulo del enfrentamiento entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central a cuenta de la Ley de Dependencia. La consejera de Familia y Asuntos Sociales, Gádor Ongil, ha denunciado hoy que esta normativa sólo reconoce a los nuevos dependientes, por lo que excluye a unos 137.000 que la Comunidad ya atendía, y ha afirmado que el Gobierno miente al prometer que los dependientes recibirán hasta 780 euros.

La representante del PP ha expuesto esta mañana los argumentos que empujan al Gobierno regional a no firmar los anexos del convenio que posibilita la aplicación de la ley de Dependencia en Madrid pues, según ha indicado, existe cierta "confusión" y debe quedar claro que "en el PP no se quiere ni boicotear ni colapsar la ley". Ongil sostiene que no tendrían derecho a percibir ayudas aquellos dependientes que ya recibían prestaciones de los servicios sociales madrileños (137.139 entre beneficiados por la teleasistencia, residencias, etc.) e incluso los nuevos dependientes que sean enviados a una plaza ubicada en infraestructuras antiguas.

La actual "interpretación" de la Ley crea "ciudadanos de primera y segunda", ha denunciado. La directora de Dependencia, Yolanda Ibarrola, ha desmentido que los grandes dependientes vayan a recibir, en Madrid o en cualquier otra región, 780 euros y ha explicado que, según el artículo 18 de ley, la máxima cuantía que recibirían sería de 487 euros (sólo los de mayor grado) y "sólo en caso excepcional", ya que lo normal es que, tras la valoración, el enfermo reciba ayuda en forma de servicios.

Sin listado de dependientes

"Es mezquino que el Gobierno de España mienta y juegue con los sentimientos de personas que se encuentran en situación tan seria y delicada", ha destacado Ibarrola. Ongil ha reconocido, sin embargo, que su equipo no ha presentado el listado de dependientes potenciales que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales exige para entregar los fondos, porque "quiere convencer y pelear" para que no se deje de lado a los antiguos dependientes. En cambio, ha asegurado que los 66 técnicos de la Consejería están baremando a quien lo solicita, unas 6.000 personas hasta la fecha, pero que muchos dependientes no piden la valoración porque ya están siendo atendidos y no sienten la necesidad.

Preguntada por qué el resto de las comunidades "se han resignado" a firmar anexos que excluyen a los antiguos dependientes, Ongil ha opinado que ninguna región tenía "los deberes tan bien hechos como Madrid" y por tanto toda la ayuda que reciban "les viene bien". Así, Ongil ha recordado que "Madrid es la única región de España que ofrece atención gratuita a discapacitados y enfermos mentales" y ha considerado que "parece que se quiera premiar a quien no ha cumplido anteriormente". La consejera ha lanzado un mensaje "de tranquilidad" a los dependientes de la región porque "van a ser atendidos como hasta ahora" y ha insistido en que "no van a renunciar a nada de lo que les corresponda a los madrileños".

La consejera ha recordado que en 2007, Madrid destina a la Dependencia 730 millones de euros frente a los 23 millones que el Gobierno central tiene destinados para Madrid. El "copago" es, para Ongil, otro de los puntos de la Ley que desde el Ministerio no se ha clarificado y del que, en su opinión, no hablarán "porque están en periodo de campaña electoral y no se atreven a decir lo que le va a costar al usuario esta ley".