El desahucio después del incendio

Apenas un mes después de haber sufrido un incendio en uno de los minipisos que alberga el edificio, los vecinos del número 31 de la calle Gerona de San Sebastián de los Reyes se encuentran ahora con una orden de desahucio que les obliga a abandonar sus inmuebles en el plazo de diez días desde que reciban la notificación. Porque estas infraviviendas destapadas por el fuego son del todo ilegales, ya que no tienen las dimensiones mínimas -35 metros-. Además, los inquilinos -10, que viven en ocho minipisos de entre 10 y 15 metros cuadrados- denunciaron que les cobraban 350 euros al mes sin contrato ni recibo.

Para ganar tiempo, algunos de ellos evitan estar por casa para que la Policía no pueda hacerles entrega de dicha notificación. Éste es el caso de María Gracia Martín, inquilina de la vivienda adyacente a la calcinada el pasado 26 de junio. Mientras espera que llegue el momento del desalojo forzado, María dedica su tiempo libre a buscar un lugar en el que vivir, ya sea de alquiler o en propiedad.

Tras una mañana entera dedicada a la búsqueda de un techo, María asegura que es "casi imposible" que pueda lograrlo por la sencilla razón de que no le llega el sueldo. "Sólo podía acceder a donde estaba, que eran 300 euros más agua y luz cada mes y así iba tirando", explica. Además, se muestra decepcionada con el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes porque su labor se ha limitado a ofrecerles "ayuda psicológica y abogados gratuitos para informar" pero no les han proporcionado un almacén en el que guardar sus muebles una vez que se produzca el desahucio.

No son "hermanitas de la caridad"

Y por supuesto, ninguna alternativa respecto la vivienda. De hecho, según esta afectada, la respuesta que les dieron desde la Administración cuando solicitaron algún lugar en el que residir temporalmente mientras encontraban algo era que ellos no eran "hermanitas de la caridad". Su vecino de la casa de al lado, Fortunato, además de culpar al Ayuntamiento, afirma que la dueña de los minipisos, que les hizo el contrato a pesar de que éstos no tenían cédula de habitabilidad, también tiene su responsabilidad ya que podría haber conseguido una prórroga de cinco días más para abandonar sus casas.

"Me duele pensar que la dueña sabía que le iban a cerrar los pisos porque no tienen cédula de habitabilidad", comenta Fortunato, quien afirma que va a pagar el alquiler del último mes, tal y como ha venido haciendo religiosamente los 58 meses que ha residido en esta casa, a pesar de que la dueña le ha "defraudado totalmente". Lo único que ésta les ha dicho es que se marchen "por las buenas". La principal preocupación de este jubilado es llegar un día a su vivienda y ver que la Policía le haya precintado su casa sin haber encontrado antes un lugar en el que vivir. Para evitar que esto ocurra, se puso manos a la obra en la búsqueda de residencia desde el momento en que le notificaron los diez días de plazo.

Sin embargo, el hecho de estar en pleno mes de agosto y, además, en medio de las fiestas del municipio, dificulta esta complicada tarea de buscar un piso por una cantidad similar a los 300 euros que pagaba en su actual vivienda. "He visto 40 pisos pero se me van del presupuesto. Yo puedo pagar hasta 600 euros pero aquí es imposible encontrarlo", comenta Fortunato, que no descarta ampliar el radio de su búsqueda a localidades mas alejadas de Madrid capital como El Molar o Buitrago de Lozoya. Mientras sigue buscando, se acaban los días. Cada vez queda más cerca el 31 de agosto en el que expira el plazo. Y precisamente, la espera no está siendo un camino de rosas. "Desde entonces no duermo, uso pastillas para dormir", concluye.