La Comunidad también presentará alegaciones al mapa ruido de Barajas

El Gobierno de Madrid emprenderá cuatro acciones legales contra el Estado, entre ellas alegaciones al mapa del ruido del aeropuerto de Barajas y la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley estatal del Suelo, todas ellas por considerar que el Estado invade sus competencias.

Así lo acordó hoy el Consejo de Gobierno de Madrid, que además, ha acordado plantear un conflicto de competencias con el Estado ante el Tribunal Constitucional contra el decreto que regula la formación de trabajadores y parados y un requerimiento de incompetencia por un conflicto que enfrenta a dos empresas de transportes de la región. El vicepresidente primero regional, Ignacio González, ha explicado en rueda de prensa que la presentación de esta batería de acciones legales se produce "en los plazos que marca la ley" y las ha desvinculado de las críticas que en los últimos días esta recibiendo la Comunidad por parte, sobre todo, "de las ministras del Gobierno", a raíz de la aprobación de la ley de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración regional.

Al margen del recurso a la Ley del Suelo, Madrid recurrirá ante el TC el Decreto del Estado que regula la formación de trabajadores y parados, ya que entienden que invade sus competencias, al ser la encargada de ejecutar y gestionar estos planes. En este caso, asegura González que existe "una intromisión directa", ya que "se impone quién va a recibir la formación dirigida a trabajadores, a través de quién se va a gestionar y cómo se va a financiar". Por otro lado, se alegará al Mapa del Ruido del aeropuerto de Barajas elaborado por el Ministerio de Fomento -actualmente en fase de información publica- y se pedirá la "revisión inmediata" de la huella acústica, al considerar que se basa en datos de 2005, previos a la puesta en marcha de la T-4, que no reflejan la realidad actual.

Un 12,2% más de ruido

Para el Ejecutivo regional, este Mapa no refleja la contaminación acústica actual del aeropuerto y, por tanto, no se puede usar para poner en marcha planes que corrijan y mitiguen su impacto. Según el vicepresidente primero, la entrada en funcionamiento de la T-4 ha hecho que en el primer semestre de este año el número de operaciones en el aeropuerto de Barajas se haya incrementado en un 12,2% sobre el mismo periodo de 2006, lo que, subrayó, causa "un gravísimo impacto" a los vecinos de los 15 municipios próximos que ha interpuesto también alegaciones al Mapa del Ruido del Gobierno.

La cuarta medida judicial anunciada hoy por el Gobierno regional se refiere a la formulación de un requerimiento previo de incompetencia contra el Gobierno central al estimar que se atribuyen competencias regionales en el conflicto planteado entre dos empresas de transportes de la Comunidad. Se trata, según González, de un conflicto surgido entre la empresa de transportes Aníbal, S.L. y la Estación Sur de Autobuses SAMSA, enfrentadas por la ubicación de unas taquillas expendedoras de billetes.

Según González, el Estado "ha interpretado que, dado el impacto en el mercado nacional que tienen el transporte por carretera y en autobuses de viajeros, es competencia suya". Sin embargo, el Gobierno regional entiende que "se trata de una operación que se produce exclusivamente en el ámbito de la Comunidad de Madrid y de un caso concreto de ubicación de oficinas de ventas de billetes en una estación de autobuses" que también está "dentro de nuestro territorio".