Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Los vecinos de Morata de Tajuña denuncian el desarrollo de 18.000 viviendas en el Balcón

Aseguran que vulnera la Ley del Suelo y la normativa de la Comunidad y que afecta a un entorno natural de enorme riqueza

La Asociación de Vecinos Morata de Tajuña y la Federación de Asociaciones de Vecinos (FRAVM) han denunciado ante la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente el convenio urbanístico para el desarrollo del Balcón del Tajuña por considerar que puede vulnerar la Ley del Suelo estatal y la normativa de la Comunidad de Madrid y "afecta a hábitat naturales de enorme riqueza medioambiental". Este municipio madrileño que cuenta actualmente con 3.000 viviendas, de las cuales sólo 1.700 están ocupadas permanentemente.

Este desarrollo prevé un crecimiento en suelo rústico y protegido a más de dos kilómetros del casco urbano, de 18.000 viviendas, en un municipio que cuenta actualmente con 3.000 viviendas, de las cuales sólo 1.700 están ocupadas permanentemente. Según la denuncia de los vecinos, entregada a los tres grupos políticos del municipio (PP, PSOE e IU), este convenio otorga al Balcón del Tajuña un coeficiente de edificabilidad idéntico al de los PAU madrileños de Montecarmelo, Las Tablas, Sanchinarro o Carabanchel.

Un convenio de urgencia

Según explica la FRAVM en un comunicado, el 9 de junio de 2004 el Ayuntamiento de Morata de Tajuña aprobó inicialmente, por la vía de urgencia, el Convenio Urbanístico de Planeamiento para el desarrollo del Balcón de Morata de Tajuña, firmado con la sociedad Portobello Marbella S.L., una urgencia que la entonces alcaldesa, Concepción Loriente, justificó por la "propia dinámica que imponen los trabajos de redacción del Plan General".

El convenio, que contemplaba inicialmente 2.000 viviendas, fue finalmente aprobado el 5 de octubre de 2004 sin que el equipo municipal atendiera ninguna de las 130 alegaciones presentadas, un convenio que, según la denuncia, "contraviene los preceptos de la legislación urbanística y del suelo por cuanto desclasifica y recalifica suelo no urbanizable común y protegido y afecta una serie de hábitat naturales". Asimismo, a su juicio, monetariza las cesiones obligatorias de aprovechamiento lucrativo que los propietarios mayoritarios de suelo se comprometen a ingresar en las arcas municipales.

Un total de 15,6 millones de euros que la propiedad se compromete a entregar a las arcas municipales: el 10% a la aprobación inicial del Plan; otro 10% a la aprobación provisional y el 80% restante en el momento de la aprobación definitiva. La FRAVM apunta que una adenda de diciembre de 2004 incrementa en un 243,75% el ámbito del convenio, de las 200 hectáreas iniciales a 487,5. Una segunda adenda, de abril de 2006, vuelve a incrementar el ámbito hasta las 592,6 ha y vincula el Balcón de Tajuña al Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación de Empresas Gestoras de Cooperativas y Proyectos Inmobiliarios (GECOPI) de 22 de diciembre de 2004, por el que Gecopi gestiona la oficina municipal de vivienda, cuyo cometido es el desarrollo de las 84 viviendas protegidas para residentes que lleven más de 10 años en Morata.

Enrique Porto, entre sus administradores

La Federación subraya además que el convenio del Balcón del Tajuña también está vinculado con la asesora urbanística del Ayuntamiento, la arquitecta Carmen Fernández de Castro que, según el documento de aprobación inicial de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Morata de Tajuña, sometido a información pública en mayo de 2006, dirigió el equipo redactor en estrecha colaboración con el Equipo Multidisciplinar Plarquin Consultores S.L. Esta empresa contaba en 2000 entre sus administradores al ex director general de Urbanismo y Planificación Regional Enrique Porto Rey, aunque revocó del cargo el 6 de febrero de 2004 a favor de Alejandro Arca Naviero, que aparece en la Memoria de la ordenación pormenorizada del sector SR-6 "Balcón de Tajuña como director del equipo redactor en estrecha colaboración con el equipo que dirige la arquitecta Carmen Fernández de Castro".

En octubre de 2006 Porto dimitió de cargo en el Ejecutivo autonómico por motivos personales "para defenderse con total libertad y proteger su honorabilidad", después de que diversas informaciones apuntaran a que presuntamente aprobó proyectos en los que había participado como urbanista privado antes de asumir el cargo y que cediera después sus contratos a una empresa -Plarquin- fundada por él en 2000 y propiedad de sus ex socios.