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El juez mantiene el procesamiento contra los militares de EE UU acusados de la muerte de Couso

Pedraz desestima el recurso de la fiscalía que solicitaba el archivo de la causa

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado proseguir con el procedimiento abierto contra tres militares estadounidenses por su supuesta implicación en la muerte del cámara de Telecinco José Couso en Bagdad (Irak), el 8 de abril de 2003. Pedraz ha adoptado esta decisión en un auto en el que desestima el recurso del fiscal Jesús Alonso que solicitaba el archivo de la causa.

El magistrado considera a los tres militares responsables de las muerte del cámara. De hecho, al juez le llama la atención el cambio de posición adoptado por el ministerio fiscal, porque en su momento no se opuso a las órdenes de detención a efectos de extradición que dictó contra los tres soldados y eso, significaba que estaba "de acuerdo" con la decisión.

El auto destaca que el pasado 24 de abril el juez transformó las diligencias en sumario, "también con el beneplácito del ministerio fiscal". Para Pedraz, esto significa que seguía estimando que los hechos revestían "caracteres de un delito grave".

Para solicitar el archivo, el fiscal alegaba que los hechos no revisten "un acto intencional doloso dirigido a causar la muerte de personas civiles protegidas, sino de un acto de guerra realizado contra un enemigo aparente, erróneamente identificado". A juicio del fiscal, no existió delito de asesinato con alevosía y otro contra la comunidad internacional. "Los indicios racionales de criminalidad deben apoyarse en algo más que unas vagas declaraciones de testigos que, por su propia ubicación, nada han visto o podido ver", de acuerdo con la versión de la Fiscalía.

Pedraz estima que en la causa consta no sólo algún indicio, sino varios contra los procesados, sin que el informe remitido por las autoridades de EE UU los desvirtúe. El juez asegura que no puede apreciarse "ni autodefensa ni respuesta proporcionada", al no existir ataque previo ni riesgo conocido contra las tropas norteamericanas, ni la posible imprudencia alegada por el ministerio fiscal.

El juez sostiene que los argumentos del fiscal decaen "desde el momento en que las autoridades de EE UU han negado su colaboración, de forma que se nos ha vedado contar con lo que los procesados nos puedan decir sobre lo que vieron o si obedecían órdenes".

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