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El PP se queda solo en su pretensión de que el Congreso revoque el apoyo al diálogo con ETA

La Cámara Baja rechaza una proposición no de ley de los populares contra el final dialogado de la violencia, revalidando la resolución aprobada en pleno en mayo de 2005

Todos los grupos del Congreso, salvo el PP, han dejado hoy la puerta abierta a un final dialogado de la violencia en el País Vasco, siempre y cuando ETA renuncie a las armas, al rechazar una proposición no de ley del PP para tumbar la resolución en esta misma línea aprobada en mayo de 2005. El PP pretendía que la Cámara Baja revocase la resolución aprobada en pleno el 17 de mayo de 2005 sobre el apoyo a un proceso de diálogo entre el Gobierno y ETA, pero la iniciativa ha sido rechazada por el resto de grupos, que han respaldado la vigencia del texto acordado hace casi dos años.

La diputada del PP Ana Torme ha sido la encargada de defender la proposición de su Grupo, en una intervención en la que ha tenido duras palabras para el Gobierno y su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, a quien ha acusado de haber cambiado de aliados en la política antiterrorista y de haber fracasado "estrepitosamente" en la lucha contra la violencia. Otro de los puntos de la proposición del PP, incluido en el último momento, solicitaba que se impidiera el acto convocado para el próximo sábado en Bilbao por Batasuna, una actividad que, ha estimado Torme, hará un "daño irreparable a la democracia".

En la fijación de posiciones, la diputada del PSOE Arantza Mendizabal ha criticado al PP por "instrumentalizar" la proposición no de ley para volver a llevar al Congreso su "burda estrategia" para "generar ruido y crispación". "Están empeñados -ha dicho en referencia al PP- en que en esta Cámara no se hable de otra cosa" que no sea la política antiterrorista. "Señores del PP, necesitan tanto a ETA para su discurso político como ETA les necesita a ustedes" para tener presencia política, ha afirmado la diputada socialista, quien ha reprochado al PP que rechace una resolución cuyo contenido sobre la disolución de ETA es el mismo que recoge el Pacto de Ajuria Enea, que recibió el apoyo de este partido.

Desmesura

Por su parte, el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, ha considerado que el PP con su iniciativa ha pretendido "deslegitimar al Parlamento", un hecho que ha considerado "muy grave" y que demuestra "la desmesura" de este Grupo. El Partido Popular "sólo nos propone barreras y trincheras, (...) la guerra hasta la derrota final", ha indicado Llamazares, por lo que se ha preguntado: "¿A qué coste de vidas, de sufrimiento, de exclusión de derechos y libertad?".

Por parte de CiU, el diputado Josep Maria Ginart ha repetido por "enésima" vez la postura de su Grupo, que deja la iniciativa en la lucha contra el terrorismo en manos del Gobierno, al que, sin claudicaciones y sin contravenir las leyes, ha instado a continuar con el "proceso pacificador".

Georgina Oliva, de ERC, ha recriminado al PP que continúe con "su política de crispación", ha considerado que el texto de la resolución de 2005 sigue siendo válido y ha brindado al Grupo Popular la posibilidad de replantearse su estrategia. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha abundado en esta idea al recordar al PP que firmó el Pacto de Ajuria Enea antes de reprochar a este partido que se haya convertido "en parte del problema" y no de la solución. Por el Grupo Mixto, tanto la portavoz de EA, Begoña Lasagabaster, como el del BNG, Francisco Rodríguez, han defendido la vigencia de la resolución y han recordado que conllevaba el abandono de la violencia por parte de ETA.

Horas antes de la votación en el Congreso, el líder del PP, Mariano Rajoy, declaraba que la decisión de la Fiscalía de retirar la acusación contra Arnaldo Otegi por exaltación del terrorismo fue una medida "política". Además, Rajoy ha acusado al Gobierno de estar sólo pendiente de lo que haga la banda terrorista ETA. Por otra parte, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y el fiscal Fernando Burgos por retirar la acusación contra Otegi.

El PP no logra la unanimidad necesaria para condenar la agresión a Aguirre

El PP no ha conseguido el apoyo de los demás grupos parlamentarios del Congreso para que la Cámara Baja apruebe una declaración institucional de condena por la agresión de la que ayer fue víctima el dirigente del Foro de Ermua Antonio Aguirre. El texto propuesto por el Grupo Popular decía textualmente que el Congreso "condena esta agresión y expresa su solidaridad con quienes son amenazados, insultados o agredidos por el ejercicio de sus derechos democráticos". También remarcaba que "el respeto a la tolerancia, al pluralismo y a los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución es el pilar básico de la convivencia pacífica en nuestra democracia", y añadía que "quienes lo conculcan nos agreden a todos y merecen nuestra repulsa".

Además, la declaración hacía hincapié en que este tipo de actos "deben encontrar su adecuada respuesta en la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como en la acción de la Justicia, para que no existan resquicios de impunidad ante estas conductas antidemocráticas". El texto redactado por el PP recordaba que Antonio Aguirre había acudido a la sede del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco "como testigo" y "en el ejercicio de sus derechos constitucionales".

Para ser aprobadas, las declaraciones institucionales deben contar con el apoyo unánime de todas las fuerzas representadas en el Parlamento. Fuentes del Grupo Popular han explicado que, al menos por parte del Grupo Mixto, no tenían este respaldo, por lo cual su propuesta no ha prosperado.

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