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Juicio por el mayor atentado en España

Trashorras: "Nosotros no tenemos ninguna relación con ETA"

El ex minero asegura que mostró a la Policía la finca de Morata de Tajuña días antes de los atentados

Emilio Suárez Trashorras ha vuelto a negar cualquier relación con la banda terrorista ETA, en la segunda parte de su declaración que tiene lugar esta mañana en los juzgados de la Audiencia Nacional en la Casa de Campo de Madrid. Allí se celebra la octava sesión del juicio por los atentados del 11 de marzo de Madrid. "No tengo ninguna relación con ETA, es un bulo", ha dicho.

El asturiano ha declarado que la Guardia Civil trató de localizar, días antes de los atentados -el 28 de febrero-, la casa de Morata de Tajuña donde supuestamente se montaron las mochilas-bomba. Trashorras ha explicado que informó a la Policía antes del 11-M de la existencia de la finca, a la que fue una vez con el suicida de Leganés Jamal Ahmidan, El Chino, con el que explicó que sólo se relacionaba por asuntos de drogas.

Según sus palabras, el 27 de febrero de 2004, y en el marco de su actividad como confidente, fue a la Comisaría y "di las indicaciones de la finca de Morata". Al día siguiente acompañó a los agentes a la finca y, tras ser detenido el 18 de marzo de 2004 "me llevaron directamente a Madrid" y pensé que "era testigo protegido" porque me dijeron que si implicaba "a los moros" no iría a la cárcel.

El acusado de proporcionar los explosivos a los terroristas islamistas ha reiterado que él no traficaba con dinamita (pese a haber sido condenado por un caso similar ocurrido en 2001, la operación Pipol). Según ha explicado, procuraba no acercarse a Mina Conchita porque ya en 2001 le procesaron "injustamente por tráfico de explosivos". El ex minero ha explicado que en la mina "sólo se puede distraer un cartucho y medio a la semana" por cuadrilla, "y no las cantidades de las que se hablan".

Durante la declaración de Emilio Suárez Trashorras, el presidente del Tribunal, Javier Gómez Bermúdez, ha vuelto a expulsar de la Sala de vistas al acusado Rafá Zouhier por sus gestos. Zohuier comparece en el habitáculo blindado por estar en prisión.

Después de contestar a las preguntas de su defensa, en las que ha vuelto a explicar el viaje en el que guió a la policía a la finca de Morata de Tajuña, Trashorras ha terminado su interrogatoria; tras él, se ha sentado en el banquillo de los acusados su ex cuñado, Antonio Toro, también minero y que se enfrenta a una pena de 23 años de prisión acusado de tráfico, transporte y suministro de explosivos.

Según el sumario, Toro puso en contacto a su cuñado con Rafa Zouhier, presunto enlace entre los terroristas y trashorras. Hermano de la mujer de Trashorras, Antonio Toro fue detenido y liberado dos veces en relación con la trama asturiana de los explosivos antes de entrar en prisión el 2 de diciembre 2004.

Toro ha declarado que fue el también procesado Rafa Zohuier -con quien se relacionaba por temas de tráfico de hachís- quien le preguntó cómo obtener explosivos, a lo que él respondió que "preguntara por Emilio, porque era minero", y podría saber de este material. Sobre sus relaciones con su ex cuñado, ha reconocido que se se enfriaron cuando, tras salir de la cárcel, se enteró de que era confidente policial, a lo que se sumaba la falta de respeto que demostraba hacia su hermana.

Relaciones con 'El Chino'

La Fiscalía solicita para Trashorras el mayor número de años, 38.670. Su declaración comenzó ayer por la tarde. Entonces, negó haber proporcionado explosivos a nadie, ni a los "moros", ni a ETA. En su primera declaración, el principal acusado con nombre español que se sienta en el banquillo negó haber entregado la dinamita a Rafa Zouhier, presunto enlace entre los ladrones de los explosivos en la mina asturiana Conchita y los autores de la matanza. Antes, el propio Zouhier, negó haber oído "nunca" "nada de ETA" en relación con el 11-M.

Sí reconoció el ex minero haber mantenido negocios sobre el tráfico de hachís con Jamal Ahmidan El Chino, pero que se limitó a eso, puesto que él ya no tenía acceso ni contacto alguno con los que trabajaban en Mina Conchita, de donde salió la dinamita que posteriormente explotó en los trenes de cercanías de Madrid.

Carmen Toro niega hacer escuchado conversaciones sobre explosivos

La ex mujer de José Emilio Suárez Trashorras, Carmen Toro, no ha contestado durante su declaración ni a las preguntas de la fiscal Olga Sánchez ni a las de las acusaciones particulares, sólo a las preguntas de su abogada, Mónica Teresa Peña. Carmen Toro, de 25 años, ha negado que escuchara conversaciones relacionadas con la compra-venta de explosivos durante las reuniones celebradas por su ex marido en los McDonald's de Madrid en las que participaron Jamal Ahmidan, El Chino, uno de los suicidas de Leganés, y el procesado Rafá Zouhier, y en las que ella estuvo presente.

Carmen Toro está acusada del delito de suministro de sustancias explosivas, por el que la Fiscalía solicita cuatro años de prisión, la menor de las penas pedidas para los 29 procesados por su relación con los atentados. La acusada ha manifestado que le queda "esa pequeña fe de que (su ex marido) no ha hecho nada" y que desconocía que éste fuera confidente policial y lo que hacía cuando ella se encontraba trabajando.

La mujer, hermana de otro de los acusados por suministrar supuestamente los explosivos del 11-M, Antonio Toro, ha señalado que se encontraba "confundida" con todo lo que le había sucedido a raíz de casarse con Trashorras, el 14 de febrero de 2004. Sólo ha admitido que sabía que "trapicheaba" con drogas, y sobre si le vio nervioso durante la luna de miel, ha respondido que él "es nervioso y está todo el día hablando por teléfono. Eso lo hace siempre, puede estar todo el día hablando por teléfono".

Carmen Toro ha explicado que el 17 de febrero fue con su ex marido a visitar la finca de Morata de Tajuña porque "me dijo que eran muy económicas y quería comprar una" y accedió a acompañarle, aunque, según ha matizado, a ella no le apetecía porque acababan de llegar del viaje de novios y quería estar sola con su marido.

El tribunal rechaza la recusación de un perito

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid ha denegado la petición del abogado de una de las acusaciones particulares, que había recusado a uno de los ocho peritos encargados de analizar los restos de explosivos hallados durante las pesquisas policiales. La instancia se ha rechazado "por falta de forma" y por ser "extemporánea". El tribunal considera carente de sentido la recusación, y cree que la objetividad del informe pericial está asegurada por la participación de otros siete expertos.

El experto recusado es el químico Gabriel Moris, vicepresidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y padre de una de las víctimas del tren atacado en la calle de Téllez. Según el abogado Gonzalo Boyé, eso le lleva a incurrir en dos causas de recusación previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pues puede tener "interés directo o indirecto en la causa o en otra semejante". Boyé representa a las víctimas Angélica Jérica Cortés y a su hijo menor de edad.

La prueba pericial, que aún no ha concluido definitivamente, está siendo realizada por ocho perito: dos de la Policía Nacional, dos de la Guardia Civil, uno de la defensa de Jamal Zougam, uno de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, uno de la AVT y otro en representación de una acusación particular.

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