La Guardia Civil pide un informe legal para decidir si sanciona a los agentes que se concentraron en Madrid
La protesta, en la que participaron 3.000 efectivos de uniforme, tenía como objeto reclamar la desmilitarización del cuerpo
El director general de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida, ha encargado un informe a los servicios jurídicos del cuerpo sobre la concentración de 3.000 agentes de uniforme el pasado sábado en Madrid. El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, afirmó en un primer momento que “no le constaba” que de la protesta se derivara ninguna ilegalidad, pero ayer trató de matizar sus palabras y animó a los tenientes generales en activo a actuar con firmeza ante cualquier brote de indisciplina.
El régimen disciplinario de la Guardia Civil restringe el derecho de reunión de sus agentes por la naturaleza militar del cuerpo, y tipifica como falta grave “formular reclamaciones con carácter colectivo” y como falta leve, “acudir de uniforme a lugares incompatibles con la condición de guardia civil, salvo en acto de servicio”.
Los mandos militares están inquietos por la posibilidad de que este espíritu reivindicativo se contagie a las Fuerzas Armadas. Alonso ha dejado en manos de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil la decisión de abrir o no un expediente disciplinario.
La concentración, en la que participaron dirigentes sindicales como José María Fidalgo, de Comisiones Obreras, había sido autorizada por la Delegación del Gobierno. Convocada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles, la mayoritaria en ese cuerpo, esta protesta histórica (era la primera vez en democracia que agentes del instituto armado reclaman derechos y libertades) tenía como objeto instar a la desmilitarización del cuerpo.
El Consejo de Ministros remitió el pasado día 12 al Congreso un proyecto de ley que modifica el régimen disciplinario de la Guardia Civil para suprimir las sanciones de arresto y aplicarles un régimen “homólogo al de la Policía” cuando desarrollen misiones de carácter policial. Los agentes seguirán sujetos al régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas y al Código Penal Militar cuando realicen misiones militares.
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