Batasuna considera "una maniobra de despiste" las palabras de Zapatero sobre la legalización

El miembro de la Mesa Nacional de Batasuna Pernando Barrena considera que las palabras de ayer del presidente del Gobierno, que dijo que Batasuna no tendrá problemas penales si se legaliza, se enmarcan "en el ámbito de las maniobras de despiste" del Ejecutivo central. Para Batasuna, es una maniobra para minimizar que "la clave" del proceso es el inicio del diálogo político en la mesa de partidos.

En declaraciones a Euskadi Irratia, Barrena ha denunciado que existe "un interés implícito" por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "para desviar la atención a un terreno totalmente técnico, dejando aparte u olvidando completamente que lo que aquí es realmente necesario es el diálogo político para dar una solución a todo lo que provoca el conflicto político". Así, estima que "hay que tener muy presente" que, en estos momentos, la clave no está en las intenciones que tenga el Ejecutivo sobre la posible legalización de Batasuna, sino que "la clave es si se pone en marcha el diálogo político o no".

"Con esas declaraciones y esos desvíos, lo que está ocultando el Gobierno es que realmente tiene muy poca voluntad política para poner en marcha ese ámbito de diálogo para la solución. Para mi eso es muy criticable, porque pospone la situación sin ningún sentido", ha recalcado. Por ello, pide a Zapatero "que centre los esfuerzos en lo que realmente es prioritario en estos momentos", que a su juicio es que "la paz en este país tiene que llegar de un acuerdo entre diferentes fuerzas políticas, que son las que representan a la ciudadanía, y para eso es necesario poner en marcha cuanto antes la mesa de resolución, la mesa de partidos políticos, porque cada día que pasa es un día echado a perder para poner en marcha ese ámbito de diálogo".

De esta manera, el dirigente abertzale indicó que "comenzar en estos momentos a hablar de lo que debe o no debe de hacer el de enfrente para ser legal o no serlo, corresponde más al ámbito de las maniobras de despiste a las que nos tiene acostumbrados el Gobierno español".

Cumplimiento de la ley de partidos

Desde el Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha insistido que Batasuna sólo podrá volver a la legalidad si cumple la ley de partidos, y ha aclarado que el Ejecutivo no tiene intención de hacer modificaciones a esta norma. La vicepresidenta primera del Gobierno ha recordado también que la ley de partidos es precisamente el mecanismo al que se refirió ayer el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando habló de una posible legalización de Batasuna.

Además, preguntada por la posibilidad de que la izquierda abertzale se presente a las elecciones municipales bajo unas siglas nuevas y sin condena expresa a la violencia terrorista, Fernández de la Vega ha asegurado que "los requisitos" para poder concurrir "están claramente definidos" en la Ley de Partidos, y ésta ha de ser "muy clara en su aplicación e interpretación". "Los mecanismos a los que se refiere el presidente del Gobierno son muy claros: la ley, el cumplimiento de la ley de partidos, que el Ejecutivo ha dicho una y otra vez que no tiene las más mínima intención de modificar".

"Está muy claro lo que dijo el presidente: a la legalidad sólo se vuelve por la vía de la legalidad; cualquier organización política, para ser legal, debe cumplir la ley, someterse a la ley, sólo se puede hacer política desde la ley y con la ley", ha reiterado.

Desde las filas del PP, Ángel Acebes ha asegurado que su partido no reconocerá "ninguno" de los acuerdos políticos que se adopten en una futura Mesa de Partidos sobre el proceso de paz y, por tanto, ha advertido de que esos pactos "serán muy limitados", hasta que el PP gane las elecciones. El secretario general de los populares ha dejado claro que tampoco aceptará "por las bravas" que se derogue la Ley de Partidos y Zapatero "se ponga por encima de la ley".

Acebes dijo no albergar la "más mínima duda" de que el Tribunal Supremo intervendrá cuando se pretenda legalizar Batasuna, ya que la Ley de Partidos "impide" que una organización pase a la legalidad únicamente con un cambio de nombre y de estatutos.