Un juez español ordena la detención del ex presidente de Guatemala por genocidio

El auto notifica la prisión provisional comunicada y sin fianza para ocho personas

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado hoy la busca y captura a nivel internacional para el ex jefe de Gobierno de Guatemala Efraín Ríos Montt y otros siete presuntos implicados en los delitos de genocidio en ese país que investiga ante su falta de cooperación y actitud "obstruccionista". En un auto notificado hoy, el magistrado acuerda la prisión provisional comunicada y sin fianza de estas ocho personas "a los efectos de su detención y extradición a nuestro país", y cursa las órdenes de detención "para que sean aprehendidos y puestos a disposición de la autoridad judicial española a fin y efecto de responder de los delitos que se les imputan".

Los afectados, además de Ríos Montt, son el ex jefe de Gobierno Óscar Humberto Mejía Víctores, el ex ministro de Defensa Ángel Aníbal Guevara, el ex director de la Policía Nacional Pedro García Arredondo, el ex jefe del Estado Mayor del Ejército Benedicto Lucas García, el ex ministro de Gobernación Donaldo Álvarez Ruiz y el ex presidente de la República de Guatemala Fernando Romeo Lucas. Este último falleció el pasado mes de mayo en Venezuela, pero Pedraz se ha visto obligado a incluirle en el auto porque aún no hay constancia oficial de su muerte en el procedimiento, según informaron fuentes jurídicas.

Fernando Linares Beltranena, abogado defensor de Mejía Victores, ha anunciado que "en los próximos días, nuestros abogados en España presentarán una recusación en contra del juez Pedraz por su manifiesta parcialidad en el caso".

Otro de los reclamados, Donaldo Álvarez Ruiz, se encuentra fuera de Guatemala y está localizado en una ciudad del estado norteamericano de California. Pedraz ha tomado esta decisión después de que la Fiscalía denunciara hoy que durante el reciente viaje del juez a Guatemala "se ha detectado una clara, constante y voluntaria falta de cooperación con la autoridad judicial española en la investigación de los hechos denunciados" por parte de los imputados, que impidió al magistrado tomarles declaración a ellos y a los testigos.

"Efectivamente, con su actitud obstruccionista han bloqueado de hecho (y en el fondo de derecho) no sólo sus declaraciones, sino también la de los testigos que se habían propuesto", señalaba el ministerio público en su escrito. El fiscal añadía que "la cascada constante y continua de recursos, evitando el lógico actuar del órgano judicial, no sólo ha impedido que conocieran la imputación, sino también que los testigos propuestos pudiesen contar al instructor su verdad sobre lo en realidad acontecido, logrando de esta manera ver satisfecho su legítimo interés de acceso a la Justicia".

Búsqueda, captura y prisión

Así, y considerando que concurren en los antes citados "fundados indicios de la comisión de sendos delitos de terrorismo, torturas, genocidio, asesinato y detención ilegal de los que serían autores", la Fiscalía pedía la adopción de medidas cautelares "para evitar que (...) campen por sus respetos burlando la jurisdicción española".

En su resolución, Pedraz hace suyos estos argumentos y, además de ordenar su búsqueda y captura y su prisión, decreta "el embargo de todos los bienes de los que los mismos sean titulares (...), a los efectos de garantizar las responsabilidades pecuniarias y civiles correspondientes", así como el bloqueo de sus cuentas bancarias. Según las fuentes consultadas, durante los años en los que los reclamados ejercieron el poder en Guatemala, se calcula en unos 250.000 los miembros de la etnia maya asesinados, a los que hay que sumar a los 35 muertos en el asalto a la embajada de España en 1980 y los cinco sacerdotes españoles también asesinados en esa época en distintos puntos del país.

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