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Un tribunal guatemalteco impide al juez Pedraz interrogar a los procesados por genocidio

El caso abierto en la Audiencia Nacional española es iniciativa la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú

Un tribunal de Guatemala ha suspendido hoy por tiempo indefinido las diligencias judiciales que tenía previsto realizar la próxima semana en el país el juez de la Audiencia Nacional española Santiago Pedraz. Este magistrado quiere interrogar a seis ex altos cargos guatemaltecos procesados por iniciativa de la Premio Nobel de la Paz 1992, la líder indígena Rigoberta Menchú, por los delitos de genocidio, terrorismo de Estado, asesinatos y torturas.

El secretario de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Arauz, ha explicado que "las diligencias fueron suspendidas indefinidamente debido a que el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción aceptó un recurso interpuesto por unos de los procesados". Este escrito ha sido interpuesto por el ex director de la desaparecida Policía Nacional, Germán Chupina, al considerar que el juez del Tribunal de Primera Instancia Penal guatemalteco es incompetente para conocer, junto a Pedraz, el caso.

El general golpista José Efraín Ríos Montt, quien gobernó de facto Guatemala entre 1982 y 1983, también presentó hoy un recurso de inconstitucionalidad para evitar ser interrogado por Pedraz. Este recurso deberá ser resuelto por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad en las próximas 48 horas.

Además de Chupina y Ríos Montt, las demanda de Menchú está dirigida en contra del también general golpista Oscar Mejía Víctores (1983-1986), los generales Benedicto Lucas y Ángel Guevara, y Pedro García Arredondo. También están incluidos el ex presidente Romeo Lucas García (1978-1982), quien murió en Venezuela hace un mes, y el ex ministro de Interior Donaldo Alvarez, prófugo de la justicia desde diciembre de 2004.

Varios delitos

Además de los delitos de lesa humanidad de los que se les acusa, los imputados también deben responder por el asalto por parte de las fuerzas de seguridad guatemaltecas en enero de 1980 a la embajada de España, donde murieron 37 personas, entre ellas tres españoles, así como por los asesinatos de cuatro sacerdotes españoles en la década de los ochenta.

Eduardo de León, director de la Fundación Rigoberta Menchú, asegura que ese fallo "en nada ayudará a los acusados para librarse de la Justicia", y que lo único que deja claro "es la manera en que opera el sistema de justicia en Guatemala, que favorece la impunidad"."Sabedores de que el sistema de Justicia en el país es así de débil, es que se ha concluido que no se pueden juzgar estos delitos en el país. Por eso es que acudimos a la jurisdicción universal en los tribunales españoles", agrega.