La patronal navarra ve "grave" pagar a ETA pero se solidariza con los dos empresarios detenidos

El presidente de la patronal navarra, José Manuel Ayesa, ha calificado de "grave" el pago a ETA del denominado impuesto revolucionario, aunque ha mostrado su "solidaridad" con los dos empresarios detenidos ayer en la comunidad foral por orden del juez Fernando Grande-Marlaska. Los nombres de los dos empresarios arrestados, socios en una empresa de construcción, aparecieron en un recibo hallado en la operación del pasado martes contra el aparato de extorsión de ETA, en la que fueron detenidas 12 personas.

Ayesa ha indicado que la recomendación de la Confederación de Empresarios de Navarra "siempre es la de no pagar", pero "hay que ser respetuoso con las circunstancias personales de los extorsionados". "Por eso yo en principio me tengo que mostrar solidario con ellos, porque ignoro las circunstancias y el tipo de presión que estaban recibiendo", ha dicho, y ha añadido que no se puede "demonizar de entrada" a los empresarios que pagan "porque viven con una presión y una angustia importante", algo que a su juicio "merece una reflexión".

El magistrado Fernando Grande-Marlaska dio ayer la orden de detener a los dos empresarios, acusados de colaboración con banda armada, por contribuir a la financiación de ETA. Los nombres de ambos figuraban en un recibo hallado en el domicilio de Bayona de José Luis Cao. Las fuentes consultadas por EL PAÍS aseguran que los dos empresarios habían abonado en mayo unos 60.000 euros, correspondientes a una deuda aplazada por una carta de extorsión de 2001. Ése fue el único documento localizado en relación con el pago del impuesto revolucionario durante la operación desencadenada por el juez Grande-Marlaska el martes pasado, en coordinación con la juez francesa Laurence Levert.

En el caso de que se adoptaran medidas judiciales contra estos dos empresarios, serían las primeras que se aplican desde que hace dos años el juez Baltasar Garzón pusiera en libertad bajo fianza a cuatro directivos de la empresa navarra Azkoyen por el pago a ETA de cantidades que sumaron un total de 222.374 euros. Los arrestados serán trasladados en las próximas horas a Madrid, para quedar a disposición de la Audiencia Nacional y prestar declaración ante el juez el próximo lunes.

Pagar "por miedo"

El juez Garzón, en abril de 2004, puso en libertad bajo sendas fianzas de 20.000 euros a cuatro directivos de Azkoyen por autorizar el pago del dinero requerido por ETA. Los cuatro reconocieron que habían dado el visto bueno a que se pagara a la banda terrorista y alegaron que lo hicieron "por miedo".

El magistrado señaló en la resolución emitida que "el consejo de administración de Azkoyen Comercial S.A., hoy C.H.C. Hispano Lusa S.A., decidió acceder al pago que la organización terrorista exigía, conducta manifiestamente ilegal, en el sentido de que se refería a la distracción de fondos de la sociedad para un fin ilícito, conociendo que la partida iba a ser registrada contablemente como un 'gasto', con lo cual quedaba oculta la verdadera finalidad y ordenando la entrega de los 37 millones (de pesetas), en noviembre de 2001, siendo plenamente consciente del destino de los mismos".

Una primera partida de doce millones de pesetas fue entregada a la banda en 1995. La última suma, hasta completar los 37 millones, se entregó en 2001. En el sumario, además, fue procesado un profesor de la UPV de San Sebastián que actuó como mediador entre la empresa y la organización terrorista.