La Junta de Andalucía solicitará al Gobierno que disuelva el Ayuntamiento de Marbella

La Junta de Andalucía tiene previsto pedir al Gobierno central el próximo martes que disuelva el Ayuntamiento de Marbella, decisión que podría ejecutar el Consejo de Ministros en su reunión del viernes. En cualquier caso, el proceso necesita de la sanción previa del Senado, por lo que el trámite no será inmediato. El consejero de la Presidencia del Ejecutivo autonómico, Gaspar Zarrías, ha asegurado a la Cadena Ser que "se dan las circunstancias objetivas" para ello, toda vez que el consistorio está envuelto en una gigantesca trama de corrupción que ha provocado el ingreso en prisión, entre otros, de la alcaldesa, Marisol Yagüe, y otros tres concejales. Por último, el juez ha decretado esta noche prisión incondicional para Montserrat Corulla, testaferro de Juan Antonio Roca, considerado el cerebro de la red de corrupción.

Además de Corulla, el juez del juzgado de instrucción

número 5 de Málaga, Miguel Ángel Torres, dejó esta noche en libertad sin fianza y con obligación de acudir el día 15 de cada mes al juzgado al empresario murciano Ernesto C.C., informó hoy su abogado, Antonio Plaza. El empresario se le implica en un delito de blanqueo de dinero. Con esta declaración, concluyó la tercera jornada de la vista abierta por el caso "Malaya" el lunes, día 3, con seis nuevas comparecencias de los 22 detenidos en esta

investigación.

El instructor también dictaminó esta noche libertad sin

fianza por blanqueo de dinero para María Ursula Q.L, otra de las personas detenidas en Madrid por su presunta vinculación con la red de blanqueo de dinero en el Consistorio marbellí.

Como resaltó hace unos días el presidente de la Junta, Manuel Chaves, la medida que solicitará el Ejecutivo autonómico no se ha tomado nunca "en España en casi 30 años de democracia". El artículo 61.1 de la ley de bases de Régimen Local establece que "el Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder, mediante Real Decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus intereses constitucionales".

Zarrias considera que "se dan las circunstancias para ello", es decir, la supuesta "gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus intereses constitucionales". Por su parte, el alcalde en funciones, Tomás Reñones, aseguró el sábado que había puesto su cargo a disposición de los "órganos superiores", en referencia a la Junta, y apuntó la posibilidad de constituir una comisión gestora que gobierne el municipio hasta las elecciones de 2007.

Precisamente éste es el punto de fricción más importante entre los grupos municipales. Una vez disuelto el Ayuntamiento, el Gobierno municipal quedaría en manos de una comisión gestora nombrada por la Diputación de Málaga. Esta posibilidad no gusta al Partido Popular, que considera que la comisión estaría controlada por el PSOE "cuando ellos no ganaron las elecciones". La Junta tiene claro que no hay tiempo para convocar elecciones anticipadas, como solicita el PP.

El artículo 183 de la Ley para la Garantía de la Democracia en los Ayuntamientos, aprobada en 2003, establece que, tras la disolución de una corporación, hay que convocar elecciones en el plazo de tres meses y que el mandato del nuevo gobierno local debe durar al menos un año. La Junta señala que aprobar la disolución, con todos los trámites que este proceso incluye, y celebrar elecciones antes de mes de mayo de este año es imposible.