Simancas amenaza con llevar a los tribunales la concesión de la línea 9 de metro

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Rafael Simancas, y el de IU, Fernando Marín, han registrado esta mañana en la Cámara madrileña una petición para que se abra una comisión de investigación sobre la ampliación de la línea 9 de metro, la primera y única adjudicada en régimen de concesión a un grupo de empresas. Dicha línea fue inaugurada en 1999 en condiciones dudosas de seguridad. Además, han dicho que si no se aprueba la creación de la comisión, acudirán a los tribunales.

Los portavoces de ambos grupos vienen pidiendo que se analicen las condiciones de seguridad en que fue abierta la línea 9 cuando se inauguró, en 1999, la ampliación hasta Arganda del Rey. La ampliación de este ramal, la primera y única adjudicada en régimen de concesión a un grupo de empresas, fue realizada con materiales defectuosos "para ahorrar dinero", y su inauguración -siendo presidente el hoy alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón- pudo degenerar en una "catástrofe", según escribió hace unos días Manuel Melis, director regional de infraestructuras en 1999 y hoy en un puesto similar en el Ayuntamiento -que incluye la responsabilidad de las obras de la M-30-, en un informe que envió al regidor de Málaga sobre cómo acometer la ampliación del suburbano malagueño.

En dicho informe, Melis reconocía que en la obra de ampliación de la línea 9 primaron criterios de ahorro económico sobre las medidas de seguridad, lo que provocó la existencia de "deficiencias técnicas extraordinariamente peligrosas para la circulación de los trenes".

Los grupos de la oposición solicitan la constitución de la comisión basándose en el artículo 75 del Reglamento del Parlamento madrileño, que establece literalmente que "la Mesa, a propuesta de dos quintas partes de los miembros de la Asamblea, acordará la creación de una comisión de investigación sobre cualquier asunto de interés público dentro del ámbito la Comunidad de Madrid". sin embargo, el portavoz del PP, Antonio Beteta, ha rechazado tres veces la petición, argumentando que aquella decisión fue tomada por la administración anterior, la de Gallardón, y que sólo se puede controlar la gestión del actual Gobierno madrileño, que preside Esperanza Aguirre.