El Consejo de Ministros modifica la ley para evitar que quien mate a su pareja sea indemnizado

El Gobierno ha aprobado hoy un Real Decreto que modifica el reglamento de ayudas a las víctimas de la violencia de género, con el fin de evitar que las personas condenadas por el asesinato de su pareja figuren como beneficiarios legales. Con el régimen anterior, el homicida figuraba legalmente como víctima indirecta y podía percibir la ayuda. Aunque en la práctica esta indemnización no se otorgaba cuando el beneficiario había participado en la comisión del delito, se reducía a la mitad la cantidad que corresponde a los hijos. Incluso en caso de no existir descendientes, suponía la exclusión del derecho a la percepción por parte de los padres del fallecido.

El Real Decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros se aplica en todos los casos en los que una persona mate a su pareja estable, independientemente de la orientación sexual de ambos. Además, la nueva medida garantiza los derechos de las víctimas de delitos cometidos en cualquier país de la Unión Europea, aunque residan en otro estado miembro. Estas normas regirán para los delitos cometidos después del 30 de junio del 2005.

La reforma supone la adecuación de las leyes españolas a lo dispuesto en una directiva comunitaria de 2004, en la que se estipula que el estado miembro en cuyo territorio se hubiera cometido el delito es el responsable del pago de la indemnización a la víctima.

Por otra parte, este Real Decreto contiene otras disposiciones enfocadas a garantizar a las víctimas de delitos violentos cometidos en cualquier país de la Unión Europea el derecho a recibir las indemnizaciones adecuadas, aún cuando se encuentren residiendo en otro Estado miembro. Cada país designará una autoridad competente que resuelva los conflictos que se puedan producir entre países. En el caso de España, este trabajo será realizado en las oficinas de asistencia a las víctimas previstas en la ley, mientras que la autoridad competente encargada de tramitar las indemnizaciones será la Dirección General de de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha destacado que la nueva normativa supone un refuerzo para las ayudas destinadas a las víctimas de delitos violentos o sexuales, porque "por increíble que parezca, una persona que asesinaba a su pareja podía además ser beneficiaria por ayudas indirectas. Esta situación necesitaba adaptarse a la justicia y al sentido común". Según De la Vega, a partir de ahora, el agresor queda excluido de recibir ayuda alguna, y se garantizan también los derechos y el pago de indemnizaciones a las víctimas.

Congreso en Granada

Por otra parte, Granada acogerá los días 23 y 24 de febrero el II Congreso sobre Violencia Doméstica y de Género, que será inaugurado por el Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando; el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y los ministros de Justicia, Juan José López, y Justicia, Jesús Caldera. Organizado por el Observatorio contra la Violencia Doméstica, el Congreso analizará la forma en la que se ha aplicado la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral, así como los conceptos de malos tratos, violencia doméstica y violencia de género. Está previsto que acudan a este foro unos 320 expertos en la materia.