El Gobierno reitera que no ha negociado con ETA y recrimina al PP su falta de lealtad
Juan Fernando López Aguilar critica el empeño del PP por convertir la lucha contra el terrorismo en un motivo de enfrentamiento político
El Gobierno, a través del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, ha asegurado esta tarde que no existe ninguna negociación con ETA y ha recriminado al PP su falta de lealtad y su empeño por convertir la lucha contra el terrorismo en un motivo de enfrentamiento político. Igual de críticos se han mostrado otros dirigentes socialistas frente a las críticas del PP al anuncio de Zapatero de que España está en el principio del fin de ETA.
López Aguilar ha reafirmado la "esperanza" de que el fin del terrorismo está próximo, pero ha subrayado que "no está teniendo lugar una negociación entre bastidores" con ETA. El titular de Justicia, en declaraciones a Onda Cero, ha garantizado que la renuncia a las armas será una condición imprescindible para iniciar un posible proceso de diálogo con ETA, según la moción aprobada por el Congreso en mayo del 2005. Según López Aguilar, decir que se está negociando en secreto oque se está traicionando a las víctimas son "insidias", por lo que ha exhortado al PP a "arrimar el hombro" como el PSOE hizo en la oposición.
Oposición "ruin y cicatera"
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, también ha censurado la forma de hacer oposición del PP, que ha tildado de "ruin y cicatera". Fernández de la Vega ha acusado al partido que lidera Mariano Rajoy de ser "capaz de todo" para "sacar votos a cualquier precio", sin importarle que eso suponga "enfrentar a vascos y catalanes" o "abrir fisuras en la lucha contra el terrorismo". "España merece una oposición mejor, con menos sed de poder y más ganas de país", ha dicho la vicepresidenta en Sevilla, donde ha participado en la clausura del 24 Congreso de la Federación del Metal, Construcción y Afines (MCA) de la UGT.
Similares argumentos ha expuesto el primer secretario del PSC y ministro de Industria, José Montilla, quien ha lamentado que el PP "se comporte como una oposición desleal" para la que "todo vale" con tal de "acabar" con el actual Ejecutivo. Montilla ha vuelto a hacer referencia al apoyo que los socialistas dieron al PP en materia de terrorismo cuando éste gobernaba, y cree que "los populares no tienen ningún escrúpulo en utilizar todos sus medios para tratar de descalificar al Gobierno, incluidas las mentiras".
El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, ha considerado que sería "una vergüenza" que el PP se acabara convirtiendo en un "obstáculo" para la paz, por lo que le ha animado a cejar en su estrategia de "crispación".
Según Blanco, la eficacia de la política antiterrorista "se mide" en función de dos criterios básicos: evitar los atentados y detener terroristas. "Llevamos dos años sin atentados mortales y se han detenido cerca de 200 terroristas de ETA", ha enfatizado Blanco.
Lecciones para responder a las críticas del PP
"Rajoy, Zaplana y Acebes recurren una vez más al terrorismo para intentar debilitar al Gobierno de Zapatero". Esta es una de las consignas que aparecen en los cuatro folios que el PSOE ha hecho llegar a sus diputados y que les proporcionan argumentos para rebatir las críticas del PP en materia antiterrorista, y especialmente sobre la acumulación de penas de los etarras. En el documento los socialistas destacan que la crítica a la posición del Ministerio Fiscal supone "una censura" al conjunto de la Fiscalía actual del Supremo y a quienes se integraban en ella en el pasado, así como a la "jurisprudencia" del Alto Tribunal.
En el texto se alecciona a los parlamentarios socialistas sobre aspectos tan básicos como el hecho de que todos los delitos cometidos antes de la entrada en vigor del Código Penal de 1995 se rigen por la legislación anterior, es decir, el Código Penal de 1973, donde "el límite máximo efectivo quedaba establecido en 20 años". Las penas impuestas por delitos cometidos a partir de esa fecha (mayo de 1996) y hasta 2003, tiene un límite máximo de cumplimiento, para los delitos graves, de 30 años. Y para los delitos cometidos a partir de julio de 2003 ese límite máximo es de 40 años", según explica el documento.
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