Las víctimas del Yak pedirán la imputación de los mandos si la sentencia del juicio es favorable

Los familiares de los militares fallecidos en el accidente del Yak-42 el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía) han anunciado hoy que si la sentencia del juicio oral que hoy ha comenzado en Zaragoza es favorable y confirma que "ese avión no debió despegar nunca" pedirán "la imputación de la cadena de mando que consintió ese vuelo, de toda la jerarquía".

Así lo ha manifestado el presidente de la Asociación de Familias de las víctimas, Alfonso Agulló, en una conferencia de prensa en el recinto ferial de la capital aragonesa antes de comenzar el juicio por el siniestro que costó la vida a 62 militares españoles. Sobre la posibilidad de que el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, se siente en el banquillo de los acusados, Agulló ha asegurado que respetan "los pasos de la justicia" pero que los responsables de velar por la seguridad eran "sus mandos militares y los responsables del ministerio".

Los familiares de las víctimas piden 60 millones de euros y fundamentan la demanda en el convenio de Varsovia, que regula el transporte aéreo y establece las limitaciones de indemnización en caso de accidente en 130.000 euros, salvo que haya negligencia de la tripulación y la compañía o que los pasajeros viajen sin billetes, ya que la responsabilidad sería ilimitada. Tres militares que han comparecido hoy como testigos han asegurado precisamente que los fallecidos viajaban sin los billetes, dando cobertura a las pretensiones de la acusación.

El dinero es lo de menos

En el juicio, los familiares las indemnizaciones a la compañía aérea ucraniana Ukranian Mediterranean Airlines (UM Air), a la contratista inglesa del vuelo Chapman Freeborn y a la reaseguradora ucraniana Busin Joint-Stock Insurance. No obstante, Agulló ha afirmado que "el dinero es lo de menos" y que "las familias no están preocupadas en ese terreno", ya que "la ruina nos vino el 26 de mayo de 2003", día del accidente, "y esa ruina es insuperable".

El juicio que ha arrancado hoy se prolongará tres días, en los que está previsto que declaren los representantes de las empresas demandas, jefes militares y varios peritos expertos en aeronáutica.

Ayer los abogados de las familias denunciaron que la carta enviada al juzgado por el director gerente de Chapman Freeborn, el intermediario aéreo al que la OTAN adjudicó el transporte de las tropas españoles, es una maniobra para conseguir la nulidad del juicio. En su carta, Russi Batliwala, citado a declarar en la vista oral expresa su "sorpresa" por enterarse ahora de que existe un proceso judicial en contra de su compañía, que según él nunca se le ha notificado.