Los abogados de las familias del Yak denuncian una maniobra para anular el juicio

Los abogados de las familias de los 62 militares muertos en el accidente del Yak-42, el 26 de mayo de 2003, en Trabzon (Turquía), creen que la carta enviada al juzgado por el director gerente de Chapman Freeborn, el intermediario aéreo al que la OTAN adjudicó el transporte de las tropas españolas, es una maniobra para conseguir la nulidad del juicio civil que hoy se inicia en Zaragoza.

En su carta, Russi Batliwala, citado a declarar en la vista oral que se celebrará en la Feria de Muestras de la capital aragonesa, expresa su "sorpresa" por enterarse ahora de que existe un procedimiento judicial en contra de su compañía, que asegura nunca se le ha notificado.Sin embargo, en una providencia del pasado 4 de julio, el juez Ángel Dolado ya dejó constancia de que la demanda había sido notificada a Chapman a través de su filial en Barajas (Madrid).

A pesar de que esta última alegó que era una empresa jurídicamente diferente, por lo que devolvió la documentación, el juez le emplazó a recogerla de nuevo, alegando que ha quedado acreditado que se trata de una "única compañía, con delegaciones propias en los principales aeropuertos de Europa", y le advirtió de que actuase "con lealtad y buena fe procesal", si no quería atenerse a las consecuencias.

El abogado Javier Hernández, uno de los que interviene en defensa de las familias, recuerda que la sucursal de Chapman en España participó activamente en la negociación y seguimiento del contrato de transporte de tropas con Defensa y que la carta del director gerente del grupo demuestra que está al corriente del juicio.

Billetes falsos

Por ello, el letrado anunció ayer que, si se confirma la incomparecencia de la firma intermediaria, pedirá que se tome como una confesión de responsabilidad. En todo caso, Hernández dio por sentado que no se suspenderá la vista oral, cuyas sesiones está previsto que se prolonguen hasta el jueves. Este proceso es independiente de los que se llevan en la Audiencia Nacional contra ex responsables del Ministerio de Defensa, y su objetivo es determinar las indemnizaciones a que tendrían derecho los herederos de los fallecidos en concepto de responsabilidad civil.

Los acusados son Chapman, la compañía aérea UM Air, operadora del Yak-42, y la aseguradora Busin. Además de aclarar si el accidente fue fruto de la negligencia, lo que ha quedado acreditado en el informe definitivo de la comisión internacional de investigación, se debe determinar si los pasajeros llevaban o no billete. Este punto es clave para fijar las indemnizaciones. Según el Convenio de Varsovia, su cuantía se limitaría a 130.000 euros por fallecido si hubiera billete, mientras que la falta de éste elimina cualquier tope. Los abogados de las familias, que reclaman un monto de 60 millones de euros, han impugnado unos supuestos "cupones de vuelo", o billetes, aportados por la compañía aérea por estar supuestamente "trucados y manipulados".