Conde-Pumpido afirma que la lucha policial y judicial han colocado a ETA ante su fin

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, asegura que el "extraordinario nivel" de la eficacia policial y judicial y la acción legislativa de los últimos años ha "debilitado extraordinariamente" a ETA y permite "contemplar esperanzados un próximo final de esta modalidad terrorista". Esta argumentación figura en la memoria de la institución que Conde-Pumpido ha presentado esta mañana en la apertura del Año Judicial.

El acto solemne, celebrado en la sede del Tribunal Supremo en Madrid, ha estado presidido por el Rey Don Juan Carlos y a él han asistido las principales autoridades judiciales del Estado, entre ellas el citado Conde-Pumpido; el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar; el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Franciso José Hernando; y la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas.

El máximo responsable del ministerio público ha expresado además un "moderado optimismo" por el descenso de la delincuencia y ha abogado por la modernización, la especialización y una suficiente dotación presupuestaria de la Fiscalía para hacer frente a prioridades como la lucha contra el crimen organizado, la violencia de género o los delitos medioambientales, entre otros.

En el capítulo de terrorismo, el fiscal general ha recordado a las 191 personas fallecidas y a los más de mil heridos a consecuencia del 11-M y aseguró que la violenta irrupción del terrorismo islamista ha obligado a los poderes públicos "al replanteamiento de las técnicas de investigación policial y judicial contra este nuevo peligro".

El texto de la memoria destaca que el año pasado, por primera vez desde 1999 no ha habido víctimas mortales consecuencia de los atentados de ETA y que las 27 personas heridas en las acciones terroristas de la banda lo fueron de carácter leve. Entre las razones que pueden explicar esta circunstancia, la Fiscalía destaca la detención de dos presuntos etarras el 29 de febrero y el 1 de marzo de 2004 cuando se dirigían a Madrid con una furgoneta cargada con 536 kilos de explosivos. Además, subraya la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el terrorismo, fruto de la cual han sido detenidas en España 72 personas relacionadas con ETA.

Islamistas desde 1980

Paralelamente, refleja la irrupción "con indescriptible fiereza y saña" del terrorismo islamista. La memoria se refiere de manera pormenorizada a la investigación de los atentados del 11-M y a la acción terrorista frustrada contra la vía del AVE. Pero el texto concluye que, en realidad, "el terrorismo islamista había estado operando en España desde 1980". A la espera de que concluya la investigación, la Fiscalía señala que a finales de 2004 había 74 personas imputadas en relación con los atentados del 11 de marzo en Madrid y destaca el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como la cooperación internacional para perseguir a los responsables de la masacre.

Hernando, por su parte, se ha referido al "papel clave" que debe jugar el Supremo ante el hecho "no infrecuente" de la aparición de sentencias contradictorias procedentes de los distintos Juzgados y Tribunales. Además, ha resaltado la importancia que tiene que el tribunal que preside, con efectos en todo el territorio nacional, "pueda pronunciarse con eficacia y autoridad en orden a la unidad, coherencia y certeza del derecho punitivo generado por el Estado, es decir con independencia de cuál sea el reparto de funciones que se establezca con los Tribunales Superiores de Justicia".