Discurso de Conde-Pumpido en la apertura del curso judicial

I.- Introducción

MAJESTAD:

Con agrado y satisfacción hago efectivo, por segundo año consecutivo, el doble mandato, legal y estatutario, de presentar en este solemne acto de Apertura del año judicial la memoria que describe el funcionamiento y actividad del Ministerio Fiscal, la evolución de la criminalidad y la prevención del delito, y que plantea las reformas más convenientes para una mayor eficacia de la Justicia. Un documento cuyo principal objetivo es el de contribuir al diseño de una política criminal adecuada a las exigencias de la sociedad de nuestro tiempo.

Este acto constituye, además, un momento de reflexión sosegada y constructiva sobre la labor desarrollada en este primer periodo anual al frente del Ministerio Público. Como tuve ocasión de adelantar en este mismo acto el pasado año, la guía y el norte de nuestra actuación han sido impulsar la misión constitucional del Ministerio Fiscal en la defensa del Estado de Derecho y de los valores fundamentales que integran nuestro Ordenamiento Jurídico.

Para alcanzar este objetivo nos hemos implicado en la decidida modernización de la Institución, adaptándola a las necesidades de una sociedad plural y en continua evolución. Apostando con ello, por hacer del Ministerio Fiscal un instrumento ágil, dinámico y eficaz que responda adecuadamente a las demandas de los ciudadanos y al reto de una criminalidad cada vez más estructurada y dotada de medios tecnológicos que facilitan y potencian el desarrollo de su ilícita actividad.

II.- La tutela de las víctimas.

Comenzábamos nuestra Memoria del pasado año destacando que la víctima ha sido la gran olvidada en nuestro proceso, y que hoy debe recuperar el papel central. Nos comprometimos, por ello, a hacer del Fiscal el principal aliado de las víctimas de cualquier clase de delincuencia.

Pues bien, para hacer efectivo este compromiso, garantizando la protección procesal de las víctimas y la promoción de las medidas cautelares y asistenciales necesarias, hemos procedido a la designación, en Diciembre del año 2004, de una Fiscal de Sala delegada del Fiscal General para la tutela y protección de los intereses de las víctimas en el proceso penal.

Esta Fiscal ha asumido específicamente las funciones de establecer las directrices de actuación y coordinar en todo el territorio nacional la acción de las Fiscalías para garantizar a los perjudicados por el delito el ejercicio de sus derechos y la información necesaria para hacerlos efectivos.

III.- El Terrorismo.

En el capítulo de las víctimas, merecen un especial recuerdo las que ha producido esa gravísima lacra de nuestra sociedad que es el terrorismo. El año 2004 quedará para siempre marcado en la memoria colectiva por el brutal atentado perpetrado el 11 de Marzo. En este país duramente golpeado desde hace años por la banda terrorista ETA, la violenta irrupción del terrorismo islamista ha conmocionado profundamente a la sociedad española, reafirmando los sentimientos de solidaridad colectiva y obligando a los poderes públicos al replanteamiento de las técnicas de investigación policial y judicial.

El Ministerio Fiscal ha sabido adaptarse a estas nuevas circunstancias. En la Fiscalía de la Audiencia Nacional, cuya experiencia en la persecución de delitos de terrorismo es incuestionable, hemos optado por incrementar el grupo de Fiscales expertos en organizaciones violentas de motivación islamista, y por potenciar su preparación y su especialización en la investigación de estos grupos criminales. Simultáneamente se ha reforzado nuestra intervención en aquellos procedimientos, como el que se tramita por los atentados del 11 de marzo, en los que la complejidad de la instrucción lo hacia aconsejable, contribuyendo, así, a agilizar la actividad procesal.

La dedicación que se ha prestado en medios personales y materiales a combatir el terrorismo islamista, no ha obstaculizado el extraordinario nivel de eficacia frente al terrorismo de ETA. Como consecuencia positiva de la acción legislativa, policial y judicial realizada durante estos últimos años, que ha debilitado extraordinariamente a la banda tanto en el plano operativo como en el político, hoy podemos destacar positivamente que durante el pasado año 2004 al que se refiere esta Memoria no hemos tenido que lamentar ninguna víctima mortal.

Se han registrado, eso si, un total de 32 atentados menores concentrados en el segundo semestre del año que han causado 27 heridos y daños materiales de diversa consideración, y que no nos permiten bajar la guardia en absoluto.

IV.- La Criminalidad Organizada.

Otra de las responsabilidades ineludibles que, como Fiscal General del Estado, asumí desde el inicio de mi mandato, y así lo puse de manifiesto públicamente el pasado año ante este mismo auditorio, fue garantizar una acción enérgica, decidida y contundente del Ministerio Fiscal contra el crimen organizado en sus diversas manifestaciones.

De acuerdo con esta orientación y para complementar la eficaz acción que en sus propios ámbitos competenciales ya realizan la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga, hemos puesto en marcha la redefinición de las competencias de la Fiscalía Especial Anticorrupción, con la finalidad de hacerlas extensivas a la investigación del resto de la actividad criminal de los grupos organizados.

Para facilitar esta labor se está reforzando la posición de la Fiscalía anticorrupción en el ámbito territorial más próximo al núcleo del entramado delictivo. Así, el pasado mes de diciembre, se designaron delegados territoriales encargados específicamente de la persecución del crimen organizado en las Fiscalías del Tribunal Superior de Justicia de Baleares y de las Audiencias Provinciales de Málaga y Alicante, y en una segunda fase se ha abordado el nombramiento de nuevos delegados en las Fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña y Canarias, y de la Audiencia Provincial de Tenerife; delegados conocidos popularmente como Fiscales-Antimafia, y cuya actuación ha producido importantes frutos en operaciones realizadas contra la delincuencia internacional ya en el año en curso.

V.- Evolución de la Criminalidad en su conjunto.

Tras referirnos al Terrorismo y a la Criminalidad Organizada es hora de abordar, como corresponde a este acto de presentación de la Memoria, el análisis en sus grandes líneas de la evolución de otros aspectos de la criminalidad durante el año 2004.

El estudio de los datos generales nos conduce a un moderado optimismo al comprobar que, al igual que en el año anterior, se observa un ligero descenso del 0,50 % en el número de procedimientos incoados por el delito en todo el territorio nacional. La delincuencia no aumenta: disminuye. Esta tendencia decreciente tiene cuantitativamente un especial reflejo en el número de procedimientos incoados por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, que constituyen más del 50 % del total de los incoados, e incide igualmente, entre otros, en los delitos contra la libertad que disminuyen en un 1,66 %. Entre los delitos patrimoniales es especialmente destacable la tendencia a la baja en la incoación de procedimientos por robo con fuerza y con violencia e intimidación que disminuyen en un 12 % y un 7 % respectivamente.

Se han incrementado, por el contrario, los índices correspondientes a los delitos contra la integridad física pero con la muy relevante excepción de los atentados contra la vida, en los que se detecta una disminución del número de muertes violentas intencionales en un 7% en relación con el año precedente.

No podemos dejar de reflexionar sobre el llamativo aumento en el volumen de los procedimientos por delitos contra la integridad moral, reflejo del elevadísimo número de los incoados por apreciarse habitualidad en los actos de violencia familiar. Pero este incremento no debe contemplarse como un dato negativo, sino como una muestra de mayor concienciación social que hace aflorar una violencia intrafamiliar que antes se englobaba en la cifra negra de delitos no denunciados. Lo mismo puede decirse del crecimiento que se detecta en los índices correspondientes a los delitos contra la Administración de Justicia, que es consecuencia de la eficacia en la persecución de los supuestos de quebrantamiento de penas y medidas cautelares impuestas con ocasión de los delitos de violencia doméstica.

VI. Violencia Doméstica

Estos datos, son un fiel reflejo de la especial trascendencia de las manifestaciones delictivas relacionadas con la violencia en el ámbito domestico y la violencia de género. El ejercicio anual al que se contrae esta Memoria trajo consigo un espectacular incremento del volumen de la actividad jurisdiccional encaminada a la erradicación de este fenómeno criminal y a la protección de sus victimas, circunstancia a la que los Fiscales de los distintos órganos territoriales han sabido responder con un empeño y una dedicación dignos de elogio.

Precisamente la preocupación por erradicar estas manifestaciones de violencia y por hacer llegar a los afectados el sentimiento de proximidad de un Ministerio Fiscal comprometido en su defensa y en la salvaguarda de sus derechos, determinó que en la primera Instrucción de mi mandato, la 4/2004 se definieran las pautas de actuación que deben orientar el ejercicio de la función tuitiva del Ministerio Fiscal respecto de aquellos que sufren estas formas de agresión. Con idéntico planteamiento y con la finalidad de fomentar la formación de los Fiscales en esta materia, he firmado el pasado 30 de Noviembre un Convenio de Colaboración con la Junta de Andalucía, iniciativa que es mi deseo hacer extensiva a otras Comunidades Autónomas.

La evolución legislativa de los últimos años ha cristalizado definitivamente con la aprobación por unanimidad de la Ley Orgánica 1/2004 sobre Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en la que el legislador, tras constatar una realidad social discriminatoria con la mujer, se decide por un reproche penal agravado de la violencia de genero en el marco de la relación de pareja, estableciendo unos mecanismos reforzados de protección de la victima y apostando por la especialización de los órganos judiciales y también del Ministerio Fiscal.

Esta especialización se ha traducido, en nuestro caso, en la creación de la nueva figura del Fiscal de Sala Delegado contra la Violencia sobre la Mujer y el reconocimiento estatutario de Secciones especializadas en todas las Fiscalías territoriales.

VII. Medio Ambiente

Otro de los temas que supone para el Fiscal General del Estado especial motivo de preocupación, fruto de una inquietud personal y profesional, es cumplir adecuadamente con nuestra obligación de contribuir a la preservación de un entorno habitable para las generaciones futuras. La protección penal del medio ambiente ha sido, es y será, por mandato constitucional y por exigencias de la Decisión Marco de 27 de Enero de 2003 una de nuestras más importantes y prioritarias responsabilidades. Es evidente, pues, que la consecución de este propósito exige del Ministerio Fiscal un compromiso enérgico en la persecución de las conductas que agraden al medio ambiente.

Con este propósito he impulsado la especialización sobre esta materia en las distintas Fiscalías, y a ello obedece que en el mes de Junio del año 2004 suscribiera con la Junta de Andalucía un convenio para la formación de Fiscales con destino en esa Comunidad Autónoma. Idéntica finalidad ha motivado la designación de especialistas que coordinen las investigaciones en materia de incendios forestales en las Fiscalías de Galicia y de Extremadura, y el progresivo desarrollo de una estructura definitivamente fortalecida con la recientísima Instrucción que insta a todos los Fiscales Jefes al nombramiento de un Fiscal coordinador en materia de incendios forestales en sus respectivos territorios.

Esta reestructuración funcional se verá culminada en un futuro inmediato con el reconocimiento normativo del Fiscal de Sala Delegado del Fiscal General del Estado para delitos medioambientales, que con capacidad de coordinación y supervisión de las secciones especializadas de cada Fiscalía constituirá la punta de lanza en nuestra actuación contra esta clase de delitos.

VIII.- Seguridad en el Trabajo

Similar apuesta estamos realizando en cuanto a los delitos contra la seguridad en el trabajo. No concibo un Ministerio Fiscal que no esté comprometido con la persecución decidida de aquellos que anteponen su lucro personal a unas mínimas garantías de seguridad para sus operarios exponiendo a graves riesgos su vida e integridad física. También en relación con esta materia la vía adecuada es la de la especialización y el establecimiento de cauces permanentes de comunicación con los responsables de las investigaciones iniciales, a cuya consecución se orientan los contactos que estamos manteniendo con la Secretaría de Estado de Seguridad y la Dirección General de la Inspección de Trabajo. En el año 2004 pusimos en marcha un Convenio de formación y asistencia con la Junta de Andalucía, y comenzamos las gestiones conducentes a la celebración de otros convenios con Galicia, Cataluña y La Rioja, que ya han sido suscritos en el presente año.

IX.- Seguridad Vial

No quiero finalizar esta breve reseña sin reflexionar someramente sobre otros hechos ilícitos que están provocando una honda preocupación social, concretamente aquellos que afectan gravemente a la seguridad viaria. Quiero que el Ministerio Fiscal contribuya conjuntamente con los poderes públicos, las instituciones y la ciudadanía en general, a la solución de este problema de primera magnitud, a través de la persecución eficaz de los comportamientos que atentan contra la seguridad del tráfico y de la salvaguarda de los derechos de las victimas que de ellos se derivan. Por ello, haciendo efectivo el compromiso que asumí ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, he solicitado a todos los Fiscales Jefes que en sus respectivas Memorias traten específicamente esta materia, recabando de este modo la información que servirá de punto de partida para la determinación de futuras directrices que hagan efectivo el principio de unidad de actuación.

X.- Modernización y Reorganización del Ministerio Fiscal.

Me he referido desde el inicio de mi discurso a la modernización de la Institución y este proceso afecta, en primer término, a la propia renovación de los órganos centrales del Ministerio Fiscal. Es preciso superar viejas estructuras que hoy se revelan insuficientes, y hasta ineficaces, para abordar la necesaria especialización en las diversas áreas de nuestra actividad, como exigencia derivada de la progresiva complejidad del ordenamiento jurídico y el avance de las nuevas formas de delincuencia, sin que ello represente merma alguna del principio de unidad de actuación, piedra angular en la que se sustenta la esencia misma del Ministerio Público.

Este principio de unidad de actuación está a punto de abrir una nueva perspectiva para el Ministerio Fiscal español. La proyectada reforma de las leyes procesales, y en concreto la reestructuración del recurso de casación penal, no sólo responde a la histórica reivindicación del Tribunal Supremo como órgano de unificación doctrinal. Al acentuar la fuerza vinculante de su jurisprudencia en la interpretación y aplicación judicial de la ley, extendiéndola a cualquier clase de proceso por delito, en la casación cristaliza el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley, cualquiera que sea el lugar del Estado donde se encuentren. Pues bien, en ese marco procesal es obvio que la regla constitucional de unidad de actuación del Ministerio Fiscal determina su papel protagonista como vigilante y garante cotidiano, ante todos los Órganos Judiciales y en todas las instancias, de esa función unificadora realizada, en última instancia, por el Tribunal Supremo. Nadie dude de que el Fiscal sabrá estar a la altura, como lo ha estado siempre, de ese nuevo y apasionante desafío constitucional, asegurando el éxito de ese nuevo modelo, tan largamente esperado entre estos muros que hoy nos acogen.

También con el objetivo de modernizar la institución y alcanzar mayores cotas de eficacia en su funcionamiento hemos abordado un proceso de reestructuración administrativa en una doble dirección: la organización de los servicios de apoyo de la Fiscalía General del Estado y la creación de un Sistema de Información del Ministerio Fiscal, que ya ha sido objeto de regulación normativa en desarrollo de la Ley Orgánica 19/2003 y que se perfila como un idóneo instrumento y un obligado cauce para la agilización y simplificación de los sistemas de gestión procesal de las Fiscalías y de su comunicación con los órganos judiciales.

La Fiscalía General del Estado constituye el órgano rector y el motor del Ministerio Público, y como tal debe asumir la enorme responsabilidad de dirigir, supervisar y coordinar la actividad de todos sus órganos, centrales y periféricos, para garantizar la vigencia del principio de unidad de actuación. Esta responsabilidad de gran calado e indudable complejidad no puede seguir afrontándose sin la ayuda de servicios de gestión, dotados de personal especializado y medios materiales adecuados para ello.

Por ello emprendimos, también en este campo, una innovadora y decidida línea de trabajo para desarrollar, al amparo del articulo 13 del Estatuto Orgánico, una Unidad de Apoyo de carácter administrativo que ofrezca soporte a los órganos de la Fiscalía General en aspectos básicos y esenciales.

Hoy, en este privilegiado foro tengo la satisfacción de comunicaros que nuestro esfuerzo no ha sido baldío, pues recientemente hemos recibido el impulso institucional necesario, y puedo aseguraros que la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado va a ser una realidad inmediata, pues aun reconociendo que ciertamente no responde con plenitud a nuestras expectativas, es constituyendo el germen a partir del cual podremos ir levantando el armazón de una estructura administrativa adecuada a los órganos centrales del Ministerio Fiscal.

No puedo terminar sin recordar, una vez más, que la autonomía del Ministerio Fiscal en el cumplimiento de sus funciones constitucionales no será posible si todo ese proceso de modernización orgánico, estructural y técnico carece del necesario sustento presupuestario. Estoy convencido de que el esfuerzo que se está realizando es importante, pero ello no es obstáculo para reconocer, hoy más que nunca, la necesidad de una singularización presupuestaria que ponga fin a las históricas carencias que han limitado nuestra capacidad y nuestro funcionamiento.

Como un primer paso en la consecución de este objetivo y como muestra del decidido apoyo del Gobierno de la Nación a la modernización y especialización del Ministerio Fiscal, de modo muy reciente hemos obtenido del Sr. Presidente del Gobierno, el compromiso formal de dedicar anualmente una partida presupuestaria específica de Dos Millones de Euros a la especialización y formación continuada de los Fiscales, equiparando plenamente los medios destinados a su formación a los de los magistrados.

He querido, desde el inicio de mi mandato, abrir a la sociedad la Institución que dirijo. Quiero que el ciudadano perciba al Ministerio Fiscal como un defensor de sus derechos y un garante de la convivencia. Pero esta confianza necesariamente se tiene que apoyar en el conocimiento, y por ello nos hemos acercado a los ciudadanos a través de una vía de comunicación sencilla, accesible y rápida con la creación de "Fiscal.es", portal de la Fiscalía General del Estado en Internet, abierto desde Octubre del pasado año y actualmente en plena fase de consolidación y expansión.

Majestad, con estas medidas, sólo deseamos proyectar hacia la ciudadanía nuestra vocación y nuestro carácter de servicio público. Un servicio al público en el que la defensa del ciudadano, como titular de derechos fundamentales que es preciso respetar, y la defensa de la sociedad, como destinataria de los más esenciales valores constitucionales sean los parámetros de actuación que rijan el ejercicio de las relevantes funciones que la Constitución atribuye al Ministerio Público.

Gracias por su atención.

Madrid, 13 de Septiembre de 2005