Caldera dice que los inmigrantes regularizados aportarán 750 millones a la Seguridad Social

El proceso extraordinario de regularización de inmigrantes que el Gobierno cerró el pasado 7 de mayo supondrá una inyección de 750 millones de euros a las arcas de la Seguridad Social para este año, una cifra que llegará a los 1.500 millones en 2006, según el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, que hoy ha ofrecido las cifras actualizadas de este proceso ante la comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso de los Diputados.

La inserción laboral de los más de 600.000 inmigrantes que se prevén regularizar gracias a este mecanismo tendrá, por tanto, un impacto directo en la Seguridad Social. En este contexto, Caldera ha informado de que ya se han registrado 160.000 altas de los más de 323.600 inmigrantes ya regularizados, con fecha de 3 de junio, lo que representa "más del 50%" de los expedientes, el 90% de ellos resueltos de forma positiva. Antes del 30 de julio, el Gobierno prevé acabar el proceso, ha dicho el ministro, quien ha estimado que una vez evaluados los expedientes aún pendientes de la presentación de algún documento el porcentajede rechazados se situará entre el 3 y el 5%.

El titular de Trabajo ha reiterado el "éxito" de esta iniciativa que ha contado con el apoyo de empresarios, sindicatos, agentes sociales, ONG, asociaciones de inmigrantes y otros organismos consultivos del Estado. Ha aclarado que este "éxito" ha sido de toda la sociedad española y ha felicitado a la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, por su la labor en todo el proceso.

Ha detallado que de las más de 690.000 solicitudes, 139.714 son de ecuatorianos, 118.298 de rumanos, 85.969 de marroquíes, 56.652 de colombianos y el resto de otras nacionalidades. Por sectores, el 20,7% de los expedientes presentados corresponde a la construcción; 14,6% a agricultura, ganadería y caza; 10,2% a hostelería; 31,6% a servicio doméstico; 4,7% a comercio al por menor; 2,5% a fabricación de textiles; 3,2% a actividades empresariales, y el 11,9% a varios. Por sexos, 58,7% corresponde a hombres y 41,2% a mujeres. Caldera también se ha felicitado por las valoraciones positivas que de este proceso han realizado la UE y la ONU así como periódicos internacionales de prestigio como The New York Times y Le Monde.

Alternativas

Por otro lado, el ministro ha recordado que a los inmigrantes que no han podido acogerse a este proceso se les aplicará la Ley de Extranjería y su Reglamento, que contempla el arraigo social, el arraigo laboral y las razones humanitarias como fórmulas para obtener la documentación en España. Además y, por primera vez, Caldera ha mencionado el arraigo de menores, figura que recoge el artículo 94.2 del Reglamento, y que permite la regularización de menores acompañados cuando acrediten dos años de estancia en España y su escolarización.

Por su parte, los grupos parlamentarios de PNV, IU-ICV y Nafarroa Bai ha coincidido en lo positivo del proceso, pero han considerado que se podría haber hecho antes y mejor. En este sentido, han juzgado "insuficiente" el plazo de tres meses que duró el proceso y han criticado que se introdujera el empadronamiento por omisión a sólo tres semanas de que se acabara el mismo. PP y CiU han denunciado por su parte el "efecto llamada" que ha provocado esta iniciativa, que, según han recordado, anunció el Ejecutivo demasiado pronto, en agosto de 2004.

Así, la diputada popular Angeles Muñoz ha cuestionado el "autobombo" y el "triunfalismo" del Gobierno con este proceso y ha tachado de "errática", "improvisada", "irresponsable" y "fracaso" la política migratoria del Gobierno. Por su parte, Antonio Hernando, del PSOE, ha destacado el amplio apoyo social, político y económico que ha tenido este proceso que vincula la documentación del inmigrante al mercado laboral. Además, Hernando ha rechazado las críticas del PP a esta regularización y ha dicho que la actitud de los populares es "absolutamente perjudicial, crea rechazo a la inmigración y enturbia la convivencia".