Conde-Pumpido niega haber ejercido de interlocutor del Gobierno con ETA
El Ejecutivo asegura que el Estado de derecho se aplicará aunque hubiera diálogo
El Gobierno ha querido dejar claro esta mañana que "no hay ningún tipo de contacto, ni ningún mensajero del Gobierno para contactar con nadie", y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha negado horas después haber actuado como interlocutor del Ejecutivo en unas supuestas negociaciones con la organización terrorista ETA.
Ha sido la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, la encargada hoy de insistir en que debe producirse el silencio de las armas antes de que el Gobierno pueda explorar la posibilidad de un proceso de dialogo con ETA, a lo que ha añadido que, en cualquier caso, "antes, durante y después" de dicha negociación "va a funcionar el Estado de derecho".
De la Vega ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, durante la que ha subrayado, respecto al encarcelamiento del portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, que "ni en este caso, ni en ninguno, ha habido instrucción alguna de este Gobierno" a Conde-Pumpido. "No hay ningún tipo de contacto, ni ningún mensajero del Gobierno para contactar con nadie", ha reiterado la vicepresidenta tras indicar que el mensaje "único y unívoco", tanto de la resolución aprobada por el Congreso, como de las declaraciones del Ejecutivo, es que ETA debe dejar de matar, abandonar las armas y disolverse.
La portavoz del Gobierno ha explicado que éstas son las condiciones que establece el Gobierno "para iniciar algún tipo de contacto". Al ser preguntada por la influencia que podría tener el encarcelamiento de Otegi en un hipotético proceso de paz y las manifestaciones de éste y de otros dirigentes de la ilegalizada Batasuna en ese sentido, Fernández de la Vega ha eludido hacer valoraciones sobre los comentarios de hayan hecho otras personas, "y menos en sede judicial". De la Vega ha subrayado que el Gobierno entiende que el funcionamiento del Estado de derecho es que Conde-Pumpido tiene autonomía completa para ejercer las actuaciones ante los tribunales y que los jueces actúan con "absoluta independencia". "Esa es, ha sido y será nuestra norma de actuación".
Respecto a que el Ejecutivo haya podido recibir alguna carta o mensaje de ETA o su entorno sobre un posible inicio de ese proceso, De la Vega se ha limitado a recordar que el Gobierno tiene "obligaciones intransferibles" y que la información de que dispone "tiene que ser administrada con prudencia y responsabilidad", ya que se habla de cuestiones tan importantes como la seguridad del Estado. A pesar de las explicaciones del Gobierno, el PP ha emplazado a Conde-Pumpido a que desmienta que haya actuado "como interlocutor" con ETA y ha advertido de que si no lo hace, parecerá que el Ejecutivo está haciendo "concesiones políticas" a la banda terrorista "por adelantado". También la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y el colectivo cívico Foro Ermua han instado al fiscal general del Estado a que aclare la misma cuestión. El fiscal general del Estado ha sido rotundo esta tarde al negar estas sospechas.
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