La comisión del Carmel concluye "que no se ha podido acreditar" el cobro de comisiones

La comisión de investigación del Carmel ha aprobado hoy, con el voto en contra del Partido Popular de Cataluña (PPC), unas conclusiones que reparten las culpas del hundimiento del túnel del metro entre las empresas, el actual Gobierno catalán y el anterior de CiU, y que dicen que "no se ha podido acreditar" el cobro de comisiones por adjudicar obras.

El portavoz adjunto del PPC en el Parlamento catalán, Daniel Sirera, ha justificado el rechazo de su formación en que las conclusiones son un "fraude" y una "tomadura de pelo", y ha acusado al resto de formaciones de suscribir un "pacto para taparse las vergüenzas", mientras que el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) e Iniciativa per Cataluña-Verds (ICV) han tildado la actitud de los populares de "frívola", "demagógica" y de "boicot" a la comisión.

En cuanto a la polémica del supuesto pago de comisiones del 3% por parte de constructores a miembros de la Generalitat para asegurarse la adjudicación de contratos públicos, acusación velada lanzada por Maragall en el Parlamento catalán y que desencadenó una tormenta política, las conclusiones dicen que "a lo largo de los trabajos de la comisión se ha mantenido la profusión de comentarios y valoraciones en torno a un presunto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obras públicas en Cataluña que no se ha podido acreditar". Las conclusiones continúan con una declaración de buenas intenciones: "Conviene, en todo caso, extremar las precauciones al respecto a través del máximo rigor en los procedimientos de adjudicación y solicitando la colaboración de los agentes sociales y la ciudadanía en general, para poner de manifiesto las prácticas corruptas que se puedan conocer".

Respecto al suceso que originó la investigación parlamentaria, el hundimiento de varios bloques de edificio (que obligó a desalojar a un millar de personas) en el barrio barcelonés de El Carmel a consecuencia de las obras de ampliación de la línea 5 del metro que se realizaban bajo tierra, la comisión atribuye "responsabilidades" al ex director de Puertos y Transportes Jordi Julia, y al ex presidente de GISA, Ramon Serra, ambos cesados tras este caso. Sin embargo, el grueso de las culpas van para "empresas adjudicatarias de la dirección facultativa y la construcción de obra", cuya responsabilidad es "grave" aunque deberá, según afirma el informe, dirimirse "en el ámbito judicial". Para ello, se insta al Gobierno catalán a "emprender las acciones legales oportunas para resarcirse por todos aquellos daños ocasionados por el hundimiento".

Por último, y respecto a la gestión de la crisis por parte del Gobierno catalán, el informe de conclusiones tacha de "decisión precipitada" la autorización dada a algunos vecinos para que regresaran a sus casas"; esa medida fue acordada a partir de certificados emitidos por técnicos "sometidos a evidente presión".