Ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas

El Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo firmado en el año 2000 entre el Partido Socialista y el Partido Popular ha sido sin duda uno de los elementos más determinantes en la lucha democrática contra el terrorismo. El compromiso firme de los dos principales partidos políticos ha permitido, sumado al esfuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la mejora especialmente incisiva de las Leyes y de la cooperación internacional, debilitar decisivamente a la banda terrorista ETA.

Los partidos firmantes del Pacto asumieron compromisos muy concretos, entre ellos: trabajar para eliminar cualquier intento de legitimación política, directa o indirecta, de la violencia; derrotar la estrategia terrorista poniendo todos los medios que el Estado de Derecho pone a nuestra disposición; y mantener la política antiterrorista pactada cualquiera que fuera el partido que en cada momento ostentase las responsabilidades de Gobierno.

Fruto de este pacto fue la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, aprobada por las Cortes Generales con el apoyo de más de un 90 por ciento de las dos Cámaras, que ha venido a garantizar el funcionamiento del sistema democrático y las libertades esenciales de los ciudadanos, impidiendo que un partido político actúe en connivencia con la violencia y las actividades de bandas terroristas. En aplicación de esta Ley, el 17 de marzo de 2003 el Tribunal Supremo, por unanimidad, declaró ilegal al entramado Batasuna por entender que era el brazo político de ETA y ordenó su disolución.

El 15 de junio de 2003 la Unión Europea, por unanimidad, acordó la inclusión de Batasuna en la lista de organizaciones terroristas, como ya lo había hecho Estados Unidos el 7 de mayo de 2003 En las elecciones municipales de mayo de 2003, a partir de las oportunas solicitudes tanto del Gobierno, a través de la Abogacía General del Estado, como de la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Supremo anuló 225 candidaturas por ser continuación fraudulenta de Batasuna.

Un Gobierno comprometido con la lucha contra el terror es aquel que, sólo desde la ley, pero con toda la fuerza de la ley y cumpliendo en todo caso la ley, promueve los instrumentos jurídicos de que dispone para cerrar espacios de impunidad a quienes de manera grave y reiterada vulneran nuestros derechos y libertades y defraudan las reglas más elementales de la democracia. Tal era el caso de Batasuna, de EH, de HB, de AuB, de Aukera Guztiak, y ahora del Partido Comunista de las Tierras Vascas-EHAK.

Antes de las elecciones autonómicas vascas del pasado 17 de abril existían pruebas determinantes de que la candidatura del PCTV-EHAK coincidía en ideología, personas y objetivos con Batasuna: su negativa expresa a condenar el terrorismo, el apoyo por escrito de uno de sus fundadores a la violencia como útil de trabajo, la participación de los dirigentes de Batasuna en la campaña electoral del PCTV y el apoyo material y financiero prestado, o la falta de actividad del partido desde su constitución hasta la ilegalización de Aukera Guztiak son sólo algunas de las numerosas pruebas que existían.

La conclusión del «Informe sobre la caracterización del Partido Comunista de las Tierras Vascas como sucesión operativa de Batasuna», elaborado por la Guardia Civil, es reveladora a este respecto: «Como conclusión general, de la interpretación conjunta de todos los elementos disponibles se infiere que se ha producido una absorción de facto de EHAK por parte de Batasuna en el doble ámbito de la reivindicación y objetivos políticos y en el ámbito orgánico-estructura».

Después de las elecciones, las pruebas se han hecho aún más contundentes con hechos como el reconocimiento por parte del líder de Batasuna del éxito del resultado electoral obtenido y de su estrategia contra la ilegalización o la coincidencia de los interventores del PCTV y los que habían sido de Batasuna o sus sucesores.

Existían y existen pruebas y tenemos los instrumentos legales necesarios para hacerlas valer ante el Tribunal Supremo. Y, existiendo pruebas, son los Tribunales quienes han de decidir la ilegalización de un partido político, no el Gobierno. La obligación del Gobierno es recurrir para que el Tribunal Supremo pueda decidir.

Ante esta situación, la negativa del Gobierno a recurrir la candidatura del PCTV ha permitido que ETA vuelva a burlarse de la democracia cuando más debilitada se encontraba y ha frustrado el trabajo y esfuerzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de Jueces, Fiscales y de las asociaciones de víctimas del terrorismo. La actitud del Gobierno ha supuesto el incumplimiento flagrante de la Ley de Partidos Políticos y del Pacto Antiterrorista.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular tiene el honor de presentar la siguiente propuesta de resolución: «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, a través de la Abogacía General del Estado y de la Fiscalía General del Estado, solicite de manera inmediata ante el Tribunal Supremo la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas.