El Gobierno no dará a la comisión del 11-M el texto de la charla de Huarte y un preso islamista
El Ejecutivo no facilitará a los parlamentarios ninguno de los documentos que espera para preparar sus conclusiones
La comisión parlamentaria que investiga los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid aplazó la reunión para empezar a elaborar sus conclusiones al no haber recibido algunos documentos reclamados al Gobierno. Sus miembros saben a partir de hoy que estos papeles y otros que habían solicitado no llegarán nunca, entre ellos la trascripción íntegra de la conversación entre el socialista Fernando Huarte y el islamista Abdelkrim Bensmail.
Los comisionados (algunos, sobre todos los del Partido Popular y los de Esquerra Republicana de Cataluña, muy molestos por este retraso) tenían previsto reunirse el 5 de mayo para analizar en sesión secreta los documentos pendientes. Luego decidirían si pasaban a redactar directamente las conclusiones o aceptaban, como pide el PP, convocar a más comparecientes. Tras su reunión del 19 de abril, el presidente de la Comisión, Paulino Rivero, de Coalición Canaria, anunció que pediría al Ejecutivo "diligencia y urgencia".
Hoy la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha informado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que no facilitarán a la Comisión la trascripción íntegra de la conversación entre el socialista Fernando Huarte y el islamista Abdelkrim Bensmail, preso desde 1997, porque "afecta al derecho a la intimidad" del prisionero. La charla se produjo "en el ámbito de instituciones penitenciarias", por lo que la Comisión tendrá que dirigirse al juez de vigilancia penitenciaria correspondiente, ha dicho.
De la Vega ha dicho además que los otros cinco documentos reclamados por la Comisión tampoco pueden ser facilitados; dos de ellos por ser "reiteraciones de otras que ya fueron en su momento entregadas en comisión" y que por lo tanto "ya son conocidos" por los parlamentarios; otros dos porque "el Gobierno no dispone de los datos solicitados", y el otro porque afecta directamente "a diligencias que se están tramitando en la Audiencia Nacional"; en este último caso, la vicepresidenta ha señalado que se deberá pedir al juez Del Olmo, que instruye el caso.
