Condenado a 113 años el asesino de Rosana Maroto y de los novios de Valdepeñas

La Audiencia Provincial de Ciudad Real ha condenado a Gustavo Romero a un total de 113 años de cárcel por los asesinatos en Valdepeñas de la pareja de novios Ángel Ibáñez y Sara Dotor, en 1993, y por el de la joven Rosana Maroto, en 1998. Romero, autor de dos crímenes que conmocionaron la localidad manchega hace años, tendrá que pagar más de un millón de euros en indemnizaciones a las familias de sus víctimas.

Romero, de 34 años, fue detenido en octubre de 2003 como presunto autor de la muerte de Ángel Ibáñez, de 24 años, y de su novia, Sara Dotor, de 20, en junio de 1993, mientras paseaban por un parque de la localidad manchega. Al parecer, Romero abordó a las víctimas con intención de agredir sexualmente a la joven y de robarles, pero el novio opuso resistencia y el condenado asesinó a ambos. Apenas una semana después de ser detenido, y cuando ya estaba ingresado en la cárcel de Herrera de la Mancha, se confesó también autor de la muerte de Rosana Maroto, que desapareció cuando paseaba en bicicleta el 25 de junio de 1998 y cuyo cadáver no fue encontrado hasta ese momento, cuando el acusado dirigió a los investigadores hasta un pozo en el que había ocultado el cadáver.

La Audiencia condena a Gustavo Romero a 76 años por el asesinato y robo con intimidación de Ángel Ibáñez y Sara Dotor y por un delito de agresión sexual a la joven. En este caso, el tribunal le absuelve del delito de violación y le impone una indemnización de 900.000 euros a las familias de las víctimas y una prohibición de volver o residir en la localidad por un tiempo de 10 años.

Igualmente, le condena a 37 años por el asesinato y violación de la joven Rosana Maroto, suceso acaecido en Valdepeñas en 1998. El tribunal le impone una pena de 25 años por el asesinato y otra de 12 por el delito de agresión sexual. Igualmente, le condena a indemnizar a la familia con 360.000 euros. Por este otro caso, el tribunal le prohíbe regresar a Valdepeñas y comunicarse con los familiares de la víctima durante cinco años, medida cuyo cumplimiento comenzará cuando el condenado obtenga su primer permiso penitenciario, libertad condicional o liberación definitiva. También le condena a indemnizar a la familia con más de 360.000 euros, mientras que el Tribunal le absuelve de un delito de detención ilegal como le imputaba la acusación particular.