Los miembros del Gobierno y altos cargos tendrán que hacer públicos sus bienes y actividades

El Gobierno quiere convertir en ley su compromiso de transparencia, austeridad y regeneración democrática plasmado en el 'código de buen Gobierno', presentado hoy por el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y que se aplicará a los miembros del Ejecutivo y altos cargos. Entre las obligaciones está la de registrar sus actividades, bienes y derechos patrimoniales, y la incompatibilidad con cualquier otro cargo, público o privado, por el que reciban remuneración. Además, no podrán aceptar regalos.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha explicado que el informe sobre el proyecto de ley orgánica de 'código de buen Gobierno' cumple "ante todo" un compromiso electoral del PSOE. La finalidad de esta futura ley es, según el Ejecutivo, "aproximar el comportamiento de los altos cargos a las exigencias de los ciudadanos, para incrementar la confianza de éstos en su Administración".

Éstas son algunas de las medidas que serán de obligado cumplimiento por los altos cargos:

- Dedicación al servicio público: los altos cargos de la Administración General del Estado se abstendrán de aceptar cargos en órganos ejecutivos de dirección de partidos políticos de ámbito autonómico o estatal, con excepción del presidente, los miembros del Gobierno y los secretarios de Estado.

- Transparencia informativa: los altos cargos proporcionarán información a los ciudadanos y a los medios de comunicación acerca del funcionamiento de los servicios públicos que tengan encomendados.

- Austeridad en el uso del poder: se evitará toda manifestación externa inapropiada u ostentosa que pueda menoscabar la dignidad con que ha de ejercerse el cargo público.

- Prohibición de aceptar regalos: se rechazará cualquier regalo, favor, préstamo, servicio u otra prestación económica en condiciones ventajosas que, más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, puedan condicionar el desempeño de sus funciones.

- Supresión de los tratamientos: el único tratamiento oficial será el de señor o señora, seguido de la denominación del cargo, empleo o rango correspondiente.

- Protección y respeto de la igualdad de género: en la actuación administrativa se velará por promover el respeto a la igualdad de género, removiendo los obstáculos que puedan dificultar la misma.

Régimen de incompatibilidades

Por otro lado, los altos cargos deberán ejercer sus funciones con dedicación absoluta y no podrán compatibilizar su actividad con el desempeño de cualquier otro puesto, ya sea de carácter público o privado. Con este objetivo, sus declaraciones de bienes y derechos patrimoniales se publicarán en el BOE, y quienes infrinjan la normativa no podrán ser nombrados de nuevo en un periodo de diez años.

También se establecen unos requisitos previos para el nombramiento de los titulares de determinados órganos constitucionales y de otros entes reguladores. Así, estarán obligados a comparecer ante el Parlamento, con carácter previo a su nombramiento, los siguientes cargos: miembros del Consejo General del Poder Judicial, fiscal general del Estado, miembros del Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo y adjuntos al mismo, presidente del Consejo de Estado y consejeros del Tribunal de Cuentas.

Por último, se someterán, con carácter previo a su nombramiento, a la obligación de comparecer ante la comisión parlamentaria que corresponda, las personas que vayan a ser designadas máximos responsables en: Los órganos reguladores y de supervisión (como el Banco de España o la CNMV); la Agencia de Protección de Datos; el Consejo Económico Social y el Ente Público Radiotelevisión Española.

Seguros millonarios cancelados

En el marco de esta política de transparencia, el Gobierno decidió hace una semana suspender un seguro de vida y accidente que cubría a 110 altos cargos y funcionarios de La Moncloa. La existencia de dicha póliza se hizo pública a raíz de las informaciones sobre el seguro suscrito en 2001 por el anterior ministro de Defensa, Federico Trillo, para él y otros 20 directivos de su departamento. Además, la vicepresidenta destituyó al director general de Recursos Humanos de Presidencia que actualizó el seguro en julio sin comunicárselo.