Hallada en un bar la supuesta arma homicida del doble crimen de L'Hospitalet
La Generalitat estudiará la necesidad de cambiar el reglamento penitenciario
Un cuchillo con restos de sangre hallado esta mañana por un empleado en el lavabo de un restaurante barcelonés parece ser el arma presuntamente utilizada por Pedro Jiménez en el asesinato de las dos jóvenes policías del barrio de Bellvitge, que han sido enterradas hoy. Tras el debate abierto sobre los permisos carcelarios, la Generalitat ha anunciado que estudiará la conveniencia de modificar el reglamento penitenciario para evitar casos como el de Jiménez, violador reincidente internado en la cárcel de Brians que disfrutaba de un permiso cuando supuestamente cometió el doble crimen.
Pedro Jiménez, de 35 años, ha sido trasladado esta mañana desde el cuartel de la Guardia Civil de Girona, donde ayer fue detenido, hasta la comisaría de los Mossos de L'Hospitalet. En las dependencias policiales, el presunto homicida ha pedido ver a un médico, por lo que ha sido conducido hasta un centro sanitario donde se le ha realizado un chequeo. Durante todo el día, los Mossos han interrogado a Jiménez sobre las circunstancias en las que se produjo el crimen, entre ellas, el arma. Según han informado fuentes cercanas a la investigación, esa arma podría ser el cuchillo manchado de sangre hallado esta mañana, junto a una zapatillas del mismo número que calza Jiménez, dentro de una bolsa escondida en la cisterna de uno de los lavabos del restaurante La Oca de Barcelona.
Un empleado de este local ha encontrado el cuchillo, de unos 15 centímetros, y las zapatillas cuando revisaba la cisterna a instancias de un cliente habitual que la tarde anterior había advertido que perdía agua. Por otra parte, no se han hallado "restos biológicos" del acusado en los cuerpos de las víctimas, según ha confirmado el portavoz de los Mossos d'Esquadra, aunque sí indicios de agresión sexual. En cuanto a la polémica por los permisos penitenciarios de Pedro Jiménez, fuentes de la investigación han informado de que el recluso de Can Brians tenía concedido un nuevo permiso del 7 al 10 de noviembre. El juez de vigilancia penitenciaria autorizó este permiso ordinario el 13 de mayo del 2003, aunque quedó en suspenso
durante 14 meses por un intento de violación presuntamente cometido el 28 de marzo del mismo año mientras Jiménez gozaba de otra autorización de salida.
"Algo se habrá que revisar"
Las diligencias por este hecho se abrieron por un presunto delito de amenazas, la causa se archivó y el juez de vigilancia penitenciaria levantó la suspensión de los dos permisos programados para el 2004: el que inició el pasado lunes 4 de octubre y que acabó con su detención por cometer dos presuntos delitos de asesinato, y el que debía disfrutar el próximo mes. Muy cerca de donde se cometió el asesinato, en Cornellá, el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, ha asegurado que "algo se habrá que revisar" en la política de permisos "debido a los problemas que se ha demostrado que conllevan". Maragall ha declarado que el Gobierno tiene que lograr un sistema penitenciario "capaz de acoger a las personas que han delinquido" y que el sistema judicial deberá tener "unos criterios de decisión de las autorizaciones que estén más adaptadas a la realidad de los peligros que tenemos".
Por su parte, el conseller de Justicia, Josep Maria Vallés, se ha mostrado partidario de "abrir una reflexión" sobre si la normativa es "la más adecuada", aunque considera que no deben darse "reacciones precipitadas". "En estos momentos, los presos tienen derecho a los mismos permisos, sea cuál sea el delito. Si debemos introducir algunas correcciones en el reglamento es algo que debemos mirar con atención", ha manifestado. No obstante, ha destacado que en 2003 se concedieron en Cataluña 3.500 permisos "y sólo en menos del 3% de los casos el preso rompió la condena", y ha añadido que los reclusos que no vuelven a la cárcel "no han de poner en tela de juicio todo un sistema". Mientras, en la Iglesia de Santa María de Toral de los Guzmanes (León), alrededor de 2.000 personas han acudido a la misa por Aurora Rodríguez, una de las dos policías asesinadas, celebrada a las 13.30.
Posteriormente, el pueblo al completo, unos 700 habitantes, y gente de otras poblaciones limítrofes se han desplazado hasta el cementerio de Toral de los Guzmanes para despedir a la joven policía, de 23 años. Horas después, más de 2.000 personas han asistido esta tarde en Noceda del Bierzo (León) a los funerales por la joven agente en prácticas Silvia Nogaledo García, de 28 años. Los padres y los hermanos de la joven fallecida, visiblemente afectados, han entrado a la iglesia parroquial de San Pedro de Noceda entre suspiros y sollozos, mientras los asistentes mantenían un respetuoso silencio. Por expreso deseo de la familia, el posterior entierro ha transcurrido en la intimidad.
