El ex general Galindo ingresa en el hospital de Zaragoza por problemas de corazón

El ex general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, condenado a 75 años de reclusión por el secuestro y asesinato de los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, ha ingresado hoy de urgencia en una clínica de Zaragoza aquejado de una fuerte arritmia cardiaca, han informado fuentes médicas y de Instituciones Penitenciarias.

Galindo, de 65 años, salió el viernes de la prisión de Ocaña II (Toledo) después de que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias decidiera el pasado miércoles que el ex militar, aquejado de una grave enfermedad coronaria, siguiera cumpliendo la pena en su propio domicilio. Allí recibirá tratamiento médico extra-penitenciario.

Un largo proceso

Galindo ingresó en prisión en mayo de 2000 para cumplir la condena de 71 años de cárcel que le impuso la Audiencia Nacional. El Supremo le elevó, en julio de 2001, la pena en 4 años al aplicarle la agravante de prevalimiento del carácter público de su cargo en el delito de secuestro.

El ex militar, que previamente había cumplido diez meses de prisión preventiva durante la instrucción del sumario del caso Lasa-Zabala, ingresó en mayo de 2000 en la prisión militar de Alcalá de Henares (Madrid). Hasta el 13 de julio de 2003 no fue trasladado a la prisión civil de Ocaña (Toledo), a pesar de que quince meses antes se había publicado su pérdida de condición de militar como consecuencia de la sentencia. El ex general recurrió su condena al Tribunal Constitucional, que en julio de 2002, rechazó por siete votos a cinco su recurso de amparo.

Su familia había pedido el indulto para él desde julio de 2001, aunque la Fiscalía y el Supremo informaron en contra de su concesión al Gobierno. En marzo de este año el entonces juez de Vigilancia Penitenciaria, Javier Gómez Bermúdez (actual presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional), modificó el régimen penitenciario del ex general lo que posibilitaba que progresara a tercer grado sin necesidad de cumplir la mitad de la condena impuesta.

La sentencia dictada en abril de 2000 por la Audiencia Nacional consideró probado que los cinco condenados, Rodríguez Galindo, el ex gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga, el ex teniente coronel Angel Vaquero, y los ex guardias Enrique Dorado y Felipe Bayo, decidieron dar muerte a Lasa y Zabala y hacer desaparecer sus cuerpos enterrándolos en cal viva, tras su secuestro en Francia y su interrogatorio en el Palacio de la Cumbre de San Sebastián.