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Galindo sale de la prisión de Ocaña para seguir cumpliendo condena en su domicilio

Izquierda Unida y EA piden al Gobierno que informe al Congreso de la excarcelación

El ex general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, condenado a 75 años de prisión por los asesinatos de Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, abandonó ayer la prisión de Ocaña II con escolta policial. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias decidió el miércoles pasado que el ex militar -de 65 años, aquejado de una grave enfermedad coronaria que ha obligado a hospitalizarlo en varias ocasiones- siguiera cumpliendo la pena en su propio domicilio, "sometido a protección personal mediante escolta policial", que a la vez funcionará como unidad de custodia.

Rodríguez Galindo salió del presidio poco antes de las 19.30 en un vehículo de pequeña potencia y protegido por dos escoltas. El coche oficial llegó sobre las siete de la tarde y fue introducido al interior de la prisión. Tras ultimar los trámites de excarcelación, el vehículo con los dos agentes y el ex general abandonó la cárcel.

El ex general fue conducido a su domicilio en Madrid, donde seguirá cumpliendo condena una vez que ha aceptado estar en todo momento bajo control. "Dado que el interno, por su especial implicación en la lucha antiterrorista, ha de quedar sometido a protección personal mediante escolta policial, se considera innecesario establecer medidas de control de naturaleza telemática", según Prisiones.

Módulo especial

Galindo estaba ingresado en un módulo especial de Ocaña II, ya que la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad obliga a mantener a quienes hayan combatido la delincuencia o el terrorismo en zonas de la prisión apartadas del resto de la población penitenciaria. El ex militar ocupaba una de las diez celdas del módulo especial junto a otro miembro del instituto armado.

Los trámites para su excarcelación se iniciaron una vez que se desestimó concederle el tercer grado penitenciario (o semilibertad, que permite que el reo sólo vaya a la cárcel a dormir) a Galindo, que permanece encarcelado desde el 8 de mayo de 2000 (computados los beneficios penitenciarios, habría extinguido ya la cuarta parte de su condena). Fue la Junta de Tratamiento de Ocaña II la que propuso el 23 de septiembre que se le otorgara la semilibertad, especialmente después de que el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria acordara el 18 de marzo que al ex general se le aplicase el régimen general de cumplimiento (lo que le exonera de tener que cumplir la mitad de la pena para acceder al tercer grado).

La Dirección General de Instituciones Penitenciarias rechazó la propuesta de la junta y optó por mantenerlo en segundo grado debido a lo elevado de la condena (casi 76 años por un doble asesinato y retención ilegal perpetrados en 1983), la lejanía de la fecha para la libertad definitiva (con un máximo de 30 años de reclusión) y atendiendo también a la alarma social que provocaron los hechos por los que fue condenado.

Prisiones decidió aplicarle el régimen de vida previsto en el artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario, atendiendo al "derecho a la vida y a la integridad física que todo interno mantiene pese a su privación de libertad". "En este caso", según Instituciones Penitenciarias, "Rodríguez Galindo está aquejado de una grave enfermedad cardiovascular pero cumple una condena por un hecho muy grave y se trata de armonizar un riesgo bajo de reincidencia con variables como su avanzada edad y el padecimiento médico". Rodríguez Galindo, con varias dolencias crónicas, sufrió el 20 de mayo de 2004 una fibrilación auricular paroxística con angor hemodinámico y desde el 27 de mayo ha tenido que se llevado varias veces de urgencia al Hospital Virgen de la Salud de Toledo, la última vez, el pasado 12 de septiembre.

La excarcelación de Galindo, que está en Ocaña II desde el 13 de julio de 2003 (llegó desde la prisión militar de Meco, en Madrid, tras perder su condición de militar), ha provocado protestas de varios partidos. Izquierda Unida y Eusko Alkartasuna (EA) han solicitado la comparecencia parlamentaria del ministro del Interior, José Antonio Alonso, para explicar los motivos por los cuales se ha autorizado al ex general a cumplir su condena en su domicilio.

Peticiones de la oposición

En sendas peticiones tramitadas en el registro del Congreso, el Grupo Parlamentario de IU-ICV y la diputada de EA, Begoña Lasagabaster, a través del Grupo Mixto, coinciden en pedir explicaciones al ministro, por la excarcelación de Rodríguez Galindo, ante la comisión de Interior de la Cámara baja, informa la agencia Efe. Lasagabaster ya había tramitado otra solicitud para que la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, compareciera ante esta comisión por el mismo motivo.

Por su lado, el diputado de IU en el Parlamento andaluz Antonio Romero envió ayer una carta al ministro del Interior en la que le expresa su "rotundo rechazo" a la excarcelación, que considera "una aberrante irresponsabilidad que marcaría una injusta línea divisoria y diferencial entre el terrorismo de Estado y el terrorismo contra el Estado".

Por contra, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, aseguró ayer en Radio Nacional que la decisión de excarcelar por motivos de salud al ex general "está fundada en Derecho y atenida a la Constitución. Ha sido una decisión perfectamente congruente con los parámetros con que Instituciones Penitenciarias se comporta cuando existen problemas de salud médicamente acreditados como parece ser el caso".

Mientras, el coordinador de Elkarri, Jonan Fernández, consideró que el uso de diferentes "varas de medir" en el tratamiento a Rodríguez Galindo y el resto de reclusos con enfermedades graves "no ayuda a la distensión" ni a la búsqueda de soluciones al conflicto vasco. En una entrevista concedida a ETB, Fernández afirmó no tener "ninguna objeción" a que siga cumpliendo la condena en su domicilio por motivos de salud ya que, según indicó, "está enfermo y le asiste la posibilidad de pasar la condena fuera prisión". No obstante, reclamó que se aplique la misma vara de medir "a todos los presos sociales, relacionados con ETA o de cualquier otra cosa".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 2 de octubre de 2004