La Generalitat confirma que 26 presos fueron maltratados tras el motín de Quatre Camins

Un informe de Justicia de la Generalitat catalana concluye que 26 presos sufrieron maltrato por parte de los funcionarios tras el motín registrado en la prisión de Quatre Camins. Los hechos se produjeron cuanto un grupo de internos fueron trasladados a otras prisiones por motivos de seguridad.

El conseller de Justicia, Josep Maria Vallés, ha hecho público hoy un informe elaborado por su departamento y ha explicado que las lesiones sufridas por estos 26 presos "no son compatibles con lo que sería la aplicación de medios coercitivos reglamentarios", con lo que ha admitido que algunos funcionarios abusaron del uso de la fuerza durante el traslado de los reclusos.

Tras los incidentes ocurridos aquella tarde en el Módulo 1 de Quatre Camins, en el que el subdirector del centro, Miguel Tallón, fue gravemente herido, 56 de los 77 internos que participaron en el altercado fueron trasladados, por motivos de seguridad, a las cárceles de la Modelo, Ponent, Brians, Trinitat, Tarragona y Girona.

Veinte de estos presos fueron agredidos en Quatre Camins, mientras que otros seis sufrieron lesiones en los centros de destino, concretamente en los centros penitenciarios de la Modelo, Ponent y Brians.

Funcionarios sin identificar

Pese a que algunos de los reclusos han señalado por el nombre o el cargo que ocupan a los funcionarios que les agredieron, Vallés ha asegurado que los trabajadores penitenciarios que presuntamente participaron en las agresiones "todavía no han sido identificados". Además, el consejero ha señalado que su departamento seguirá investigando los hechos. En cualquier caso, la Generalitat ya ha enviado el informe a la fiscalía para que determine si los hechos son constitutivos de delito o falta por parte de los funcionarios implicados.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Granollers ya investiga la causa a raíz de la agresión al director de la prisión y las denuncias por maltrato de dos presos y del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, que remitió al juzgado un informe en el que se acreditaba que al menos ocho internos habían sido agredidos por los funcionarios tras el motín.