Un juez de Málaga condena al diputado Antonio Romero por lesiones e injurias durante el 20-J

El juzgado de instrucción número cinco de Málaga ha condenado al parlamentario de IU Antonio Romero al pago de una multa de 2.200 euros por la comisión de siete faltas de lesiones, injurias y coacciones. Romero agredió e injurió al propietario de un bar y a un cliente anciano que se negaron a secundar el paro durante la huelga general del 20 de junio de 2002.

Además, Romero, que fue designado hace dos días por su formación como miembro de la Mesa del Parlamento andaluz, tendrá que indemnizar a los afectados con 225 euros por las lesiones sufridas durante el enfrentamiento.

"Aquí se cierra por cojones"

El juez considera probado que Romero cometió una falta de injurias, ya que se dirigió a uno de los perjudicados con frases como "fascista, hijo de puta y cabrón". Respecto a las dos faltas de coacciones leves, el juez entiende que el parlamentario profirió al propietario del bar expresiones como "aquí se cierra por las buenas o por las malas o aquí se cierra por cojones" y que todas ellas iban encaminadas a impedir que el denunciante continuara con el bar abierto.

El juez destaca que Romero "intentó impedir a toda costa que el cliente entrara en el bar insultándolo y dándole un golpe a pesar de la presencia policial". "No se puede justificar tal actitud al amparo del ejercicio del derecho de huelga", resalta el titular del juzgado, que también destaca que "dicho derecho de huelga no incluye la posibilidad de ejercer coacciones sobre terceros porque ello afecta a otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos como la libertad de trabajar o la dignidad de la persona y su derecho a la integridad moral".

Durante el juicio, el parlamentario autonómico negó tales acusaciones y aseguró que él sólo pretendía defender sus derechos apoyando la huelga y explicándoles lo bueno que era el cierre por los derechos de Andalucía.

El juicio de faltas se celebró la semana pasada después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) entendiese que no existían indicios de delitos después de la denuncia interpuesta por un particular tras la huelga general del 20 de junio. Por ello, el juicio volvió a los juzgados malagueños y el titular del Juzgado de Instrucción número cinco de Málaga ha sido el encargado de enjuiciarlo.