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El CGPJ ordenará al Tribunal vasco la composición de una nueva Sala de Discordia

El Poder Judicial aprecia irregularidades en el nombramiento de los jueces que deben resolver la querella de la Fiscalía contra Atutxa

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ordenará, previsiblemente, al presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Manuel Zorrilla, que constituya una nueva Sala de Discordia, después de apreciar "irregularidades o error en el llamamiento" de los magistrados nombrados para su composición. Ayer, Zorrilla subrayó que en la elección de los magistrados encargados de resolver sobre la querella contra el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, "no hubo ningún ingrediente de arbitrariedad".

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Fuentes del CGPJ han explicado que el vocal, Agustín Azparren, designado para elaborar una ponencia sobre esta cuestión, ha elevado una propuesta al Pleno del CGPJ del próximo día 23 en la que solicita se estime el recurso interpuesto por la Fiscalía General del Estado sobre la composición de esta Sala, al considerar que su formación no se ajustó al orden preestablecido. Según publica hoy EL PAIS, el TSJPV se saltó el orden establecido -por orden de antigüedad- en octubre de 2002 y en adelante sin aparente explicación.

El pasado lunes, la Comisión Permanente del CGPJ decidió la suspensión cautelar de la Sala de Discordia compuesta por Zorrilla para decidir sobre la admisión o no a trámite de la querella interpuesta por la Fiscalía contra el presidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, y los miembros de la Mesa Gorka Knörr y Kontxi Bilbao, por un presunto delito de desobediencia por no proceder a la orden del Supremo de disolver el grupo parlamentario de Sozialista Abertzaleak, heredero de Batasuna.

Por ello, pidió al TSJPV que le remitiera la información necesaria para conocer cómo se compuso la Sala de Discordia, constituida tras establecerse un empate en la Sala de lo Civil y Penal de ese tribunal sobre la querella. Esta información fue remitida ayer al CGPJ y en ella, Zorrilla insistía en que la elección de los magistrados Enrique Torres, Manuel Díaz de Rábago -los dos más antiguos- y María Abelleira -la más moderna- se realizó sin "ningún ingrediente de arbitrariedad" y respetando el turno preestablecido.

Sin embargo, fuentes del CGPJ ha asegurado hoy que del estudio de esta información remitida por el TSJPV se deriva que "ha habido algún tipo de irregularidad". Según estas fuentes, los llamamientos no se ajustan a lo que dice el artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece "que cuando no asistieren magistrado en número suficiente para constituir Sala concurrirán para completarla otros magistrados, que designe el presidente del Tribunal respectivo con arreglo a un turno en el que serán preferidos los que se hallen libres de señalamiento, y entre estos, los más modernos".

Así, los letrados del CGPJ tienen ultimada una ponencia que propone la estimación del recurso de la Fiscalía, y concluye que Zorrilla debe nombrar una nueva Sala de Discordia. Dicha ponencia está pendiente de recibir el visto bueno del vocal encargado de la misma, Agustín Azparren, de viaje en Canarias. Según esos criterios, la Sala debe completarse con los magistrados María Abelleira, María José Hernández Vitoria y Javier Rodríguez Moral.

Incidente de nulidad

Por otro lado, la Sala del 61 del Tribunal Supremo ha acordado hoy la admisión a trámite del incidente de nulidad planteado por el Parlamento vasco contra el auto del propio tribunal, del pasado 18 de junio, que ordenaba las medidas concretas para materializar la disolución del grupo parlamentario de Sozialista Abertzaleak.

En una providencia dictada hoy, el tribunal da un plazo común de cinco días a la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la representación de la ilegalizada Batasuna para que formulen alegaciones al incidente presentado por la Cámara de Vitoria, que pretende la anulación de las órdenes del Supremo al Parlamento vasco para disolver SA. El plazo concluye el próximo día 23. Al día siguiente, se reunirá el Pleno de la Sala, formado por 16 magistrados, que previsiblemente desestimará el incidente, ya que lo contrario supondría anular una resolución del propio tribunal dictada por unanimidad hace sólo un mes.

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