El Congreso da el primer paso para aprobar la reforma de la Ley de Extranjería

Rechazadas las enmiendas de totalidad al texto con los votos de PP y CC y la abstención de PSOE, PNV y CiU

El ministro del Interior, Ángel Acebes, y la responsable de Inmigración del PSOE, Consuelo Rumí, han manifestado esta noche ante el pleno del Congreso su voluntad de trabajar por la búsqueda del consenso en la reforma de la Ley de Extranjería, que hoy pasó su primer trámite parlamentario.

El pleno rechazó, con los votos de PP y CC, y la abstención de PSOE, PNV y CiU, las enmiendas de totalidad presentadas por IU, BNG, EA, CHA, IC-Verds y ERC.

Tras asegurar que más de un 1.400.000 extranjeros residen legalmente en España, el ministro del Interior ha destacado que el objetivo de la reforma es favorecer la inmigración regular y erradicar la irregular, así como dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo de dar rango legal a algunos artículos del Reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería, e incorporar al ordenamiento español directivas comunitarias en esta materia.

El titular de Interior destacó que algunas de las modificaciones de la Ley de Extranjería posibilitarán "la expulsión automática de aquellos inmigrantes ilegales que hayan venido a España a delinquir", simplificará los trámites administrativos para la regularización de inmigrantes y tipificará como infracción muy grave las actuaciones que favorezcan la inmigración ilegal.

Bebés de madre extranjera

Según las cifras del Gobierno, el 10% de los nacimientos habidos en España en 2003 eran niños de madres extranjeras.

Acebes ha calificado de "significativo" este número, que significa "un aumento muy notable" en relación a los 11.832 nacidos en 1996. En este sentido, el Delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, Ignacio González, ha apuntado que el colectivo de niños representaba en 1996 el 3,26% del conjunto nacional y en estos momentos alcanzan el 10,44%, es decir, un aumento de "más de siete puntos porcentuales".

En cuanto a los inmigrantes que residen en España en situación irregular, González ha insistido en que su departamento no dispone de datos fiables sobre este colectivo, aunque ha admitido que sería muy útil conocer su dimensión para poder aportar soluciones.

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