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TRIBUNALES

El CGPJ reconoce que hay base legal para conceder el tercer grado al etarra Ostoaga

El portavoz del organismo reconoce "oportuna" la apertura de una investigación para establecer si la actuación de la juez fue correcta

El portavoz del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, ha reconocido hoy que "existe base legal" para la concesión del tercer grado penitenciario al etarra Ramón Gil Ostoaga decretada el pasado 9 de octubre por una juez de Bilbao. Sin embargo, López ha considerado "oportuna" la investigación abierta ayer para saber si se trata de "una decisión correcta o incorrecta". Sobre Gil Ostoaga pesa una condena de 298 años por seis asesinatos.

López ha señalado, en declaraciones a Onda Cero, que el CGPJ ha decidido abrir una investigación debido a la transcendencia social que ha tenido el caso. A la vista de los resultados de la misma, el responsable del Servicio de Inspección encargado de la misma tendrá que optar entre "entender que no hay responsabilidad disciplinaria, la incoación de diligencias informativas para seguir investigando o la incoación de un expediente disciplinario".

En caso de que se considere que se ha cometido delito, el caso sería remitido al Ministerio Fiscal. "Hay que estudiar si [la juez de Bilbao Ruth Alonso] ha aplicado la norma con atención o con absoluta desatención", ha señalado López. Alonso consideró acumulable el tiempo pasado en prisión en Francia y España, por lo que estimó que Ostoaga había cumplido 13 años de condena efectiva.

El miedo de los jueces

Aunque no ha querido pronunciarse sobre la posibilidad de que la decisión de la juez que ha concedido el tercer grado al etarra sea una consecuencia de las amenazas del nacionalismo radical sobre el poder judicial vasco, ha añadido que "a nadie se le escapa que en el País Vasco es más complicado ejercer que en otros puntos de España".

"El juez es el garante del Estado de Derecho y debe superar cualquier situación. Si no puede hacerlo, tiene que informar al CGPJ para que tome las medidas que estime oportunas. Entiendo la situación por la que tienen que pasar los funcionarios en el País Vasco, pero el ciudadano tiene que tener seguridad de que son los garantes del Estado de Derecho. Un juez que se siente amenazado no es un juez independiente", ha concluido.

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