El Gobierno pretende que la Audiencia controle el cumplimiento de las penas de los etarras

El Gobierno se propone crear un juzgado de Vigilancia Penitenciaria en la Audiencia Nacional, cuya misión sería unificar los criterios para el control del cumplimiento de las penas impuestas a terroristas, narcotraficantes y delincuentes del crimen organizado. Actualmente, son los juzgados de Vigilancia de las Comunidades las que se encargan de conceder el tercer grado, por lo que ahora se busca una unificación de criterios.

La iniciativa ha sido anunciada hoy por los ministros de Justicia, José María Michavila, e Interior, Angel Acebes, tras confirmar que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao ha concedido el tercer grado el etarra Félix Ramón Gil Ostoaga, quien salió de la prisión de Nanclares de Oca la semana pasada pese a que sólo ha cumplido 13 de los 298 años de condena que acumula y a pesar del criterio en contra de la Fiscalía y la Administración Penitenciaria, partidarios de no conceder el tercer grado a condenados por terrorismo. Una decisión polémica sobre la que el Consejo General del Poder Judicial ha decidido abrir una "información previa".

Acebes ha explicado que la reforma que prepara el Ejecutivo pretende constituir un único juzgado central de Vigilancia Penitenciaria en la Audiencia Nacional "para que haya un criterio único a la hora de aplicar el tercer grado" y evitar casos como el de este etarra. No obstante, la existencia del nuevo juzgado no implicaría la desaparición de los Juzgados de Vigilancia que existen en todas las provincias, que se encargarían de los presos condenados por delitos de los que no se ocupa la Audiencia.

Buena solución

A su juicio, la implantación de un juzgado único de Vigilancia Penitenciaria para delitos de terrorismo "será una buena solución para aplicar un criterio homogéneo" al respecto, una opinión compartida por el ministro de Justicia, José María Michavila.

En los pasillos del Senado, Michavila ha asegurado que el Gobierno cree que esta medida es "muy razonable" y acorde con la especialización de la Audiencia en la instrucción y enjuiciamiento de delitos de terrorismo, narcotráfico y crimen organizado. Por ello, espera tener lista en las próximas semanas la propuesta de reforma, que afectará a las leyes de Enjuiciamiento Criminal y Vigilancia Penitenciaria, a fin de que pueda ser tramitada y aprobada antes de que acabe el año.

Angel Acebes ha explicado que la modificación legal será negociada con la oposición, en el marco del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, y aunque puede ser presentada a través de un proyecto de Ley del Gobierno, ha admitido la posibilidad de que se tramite mediante una iniciativa parlamentaria, a partir de una proposición de ley planteada en el Congreso por los grupos parlamentarios.

Respecto al caso del etarra Gil Ostoaga, el ministro ha anunciado que la concesión del tercer grado, a la que la Administración Penitenciaria se opuso con un "rotundo" informe, ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial de Bilbao. En este sentido, confía en que esta instancia revoque la decisión, "como ya ha ocurrido en otras ocasiones" con ocasión de decisiones similares adoptadas respecto a miembros de ETA.