PP y PSOE alcanzan un acuerdo 'in extremis' en torno a la Ley de Partidos
El Parlamento no podrá pedir directamente la ilegalización de un partido sino que tendrá que solicitárlo al Gobierno, que a su vez se lo pedirá al Ministerio Fiscal
Socialistas y populares han alcanzado un acuerdo en torno a la futura Ley de Partidos al borde de las 20.00 horas, plazo límite fijado para la presentación de enmiendas al proyecto.
Tal y como estaba acordado, el Gobierno y el Ministerio Fiscal podrán instar la ilegalización de un partido. En cuanto a la legitimación del Parlamento, principal escollo de las negociaciones, los diputados no podrán solicitar directamente la ilegalización de un partido, tal y como exigía el PP. Tendrán que proponer esta medida al Gobierno para que a su vez lo solicite al Ministerio Fiscal.
El portavoz del Grupo Socialista, Jesús Caldera, ha confirmado el acuerdo para la reforma de la ley de Partidos Políticos, extensible a su juicio a CiU y Coalición Canaria. "Hemos trabajado bien, todos nuestros objetivos se cumplen y mostramos nuestra satisfacción", ha proclamado.
El secretario general del PP, Javier Arenas, ha asegurado por su parte que el acuerdo "es una mala noticia para ETA y para Batasuna".
La ley, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 19 de abril, comenzará a discutirse en el Parlamento el próximo día 23 de mayo.
Escollos superados
Las intensas negociaciones de los últimos día habían permitido ya limar algunas diferencias. El PSOE, preocupado porque la actual redacción de la ley podría permitir la ilegalización de un partido republicano o antisistema, solicitó una "poda de expresiones indeterminadas" en el artículo 9, el relativo a las causas de disolución. Los populares aceptaron éste cambio porque "no plantean cuestiones de fondo".
Así, los motivos que llevaría a ilegalizar un partido político serían "la justificación o exculpación de atentados, o de persecución por motivos de ideología o raza", el "fomentar, propiciar o legitimar la violencia" o el "apoyar a organizaciones terroristas".
Además, los socialistas habían propuesto que la ilegalización se pudiera solicitar sólo por conductas registradas tras la entrada en vigor de la Ley, es decir, que la medida no sea retroactiva, algo que el PP también aceptó.
Casi 200 enmiendas
El proyecto finalmente ha sido objeto de la presentación de un total de 191 enmiendas parciales por parte de los grupos parlamentarios, pese a ser una norma de tan sólo 13 artículos y media docena de disposiciones.
La mayoría de las enmiendas presentadas se centran en el artículo nueve, que establece las causas de posible ilegalización, y el undécimo, que preveía quién está legitimado para instar a la ilegalización de una fuerza política, así como en la disposición transitoria, donde se incluían lgunos aspectos tachados de retroactivos por la oposición.
El PNV ha sido el partido que ha presentado mayor número de enmiendas (56), seguido de CiU, que ha propuesto 38 y de Izquierda Unida, que aporta 22. Los dos grupos mayoritarios protagonistas de la negociación y del posterior acuerdo, han sumado 28 enmiendas (17 del PSOE y 11 del PP).
Además de las enmiendas parciales, siete formaciones políticas han mostrado su rechazo global a la iniciativa. Se trata de Izquierda Unida (IU), el PNV y cinco partidos del Grupo Mixto -Bloque Nacionalista Gallego (BNG), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V), Eusko Alkartasuna (EA) y la Chunta Aragonesista (CHA)-, que suman un total de 22 diputados.
Uno de ellos, ERC, ha presentado incluso un texto alternativo.
