Dos meses de debate y negociaciones

Jueves 21 de marzo de 2002. Sólo horas después del asesinato del concejal socialista en el Ayuntamiento de Orio Juan Priede el Gobierno y el PSOE pactan un texto de la nueva Ley de Partidos que establece una relación de causas concretas que conducen a la ilegalización de Batasuna.

Viernes 22 de marzo. El ministro de Justicia, Ángel Acebes, asegura que el Gobierno intentará que la Ley entre en vigor lo antes posible y afirma que el Gobierno asumirá cuanto antes la iniciativa para impulsar el proceso de ilegalización de Batasuna. Ese mismo día Arzalluz afirma que la ilegalización de la formación abertzale es el preludio de un "estado de excepción" en Euskadi.

Domingo 31 de marzo. Se celebra un Aberri Eguna marcado por la posible ilegalización de Batasuna. Desde Bilbao, el lehendakari Juan José Ibarretxe asegura que esta medida dará "oxígeno a ETA". En San Juan de Luz (Francia), el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, concluye su mitin con un sonoro "Gora ETA".

Abril

Miércoles 3 de abril. Primeras discrepancias en el seno del Pacto Antiterrorista. El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, defiende que la futura ley permita promover la ilegalización de Batasuna sólo al Ministerio Fiscal. Acebes le responde que es más positiva para la democracia la propuesta gubernamental.

Jueves 4 de abril. El presidente del Gobierno, José María Aznar, califica de "sorprendente" y de "algo más que un error" la propuesta de Zapatero de establecer cambios en el anteproyecto de la Ley de Partidos.

Viernes 5 de abril. Continúa el toma y daca dialéctico. Zapatero responde a Aznar de "confundir el diálogo con la bronca" y apunta que vulnera el Pacto Antiterrorista al imponer su ley de partidos.

Martes 9 de abril. El PSOE inicia contactos con otras fuerzas políticas para hacer un frente común de cara a revisar la Ley Antiterrorista.

Jueves 11 de abril. El debate sobre la futura ley divide al CGPJ, cuya comisión de Estudios e Informes maneja dos dictámenes que discrepan en aspectos básicos preparados por el penalista Adolfo Prego, propuesto por el PP, y el constitucionalista Luis Aguiar, apoyado por el PSOE. Ante la falta de acuerdo, el sector conservador del Poder Judicial impone su informe, favorable a las tesis del Gobierno.

Lunes 15 de abril. El CGPJ aprueba, por 10 votos contra ocho un informe favorable al Anteproyecto del Gobierno. El texto respalda las tesis del Ejecutivo en los puntos más polémicos: niega que las disposiciones que prevén la aplicación retroactiva de la ley vulneren el artículo 9.3 de la Constitución y avala que el Ejecutivo o 50 parlamentarios denuncien a un partido para que sea disuelto por una Sala Especial del Supremo.

Jueves 18 de abril. El Consejo de Estado prepara y envía a Acebes un dictamen en el que pide que se revise la disposición que permite aplicar la norma con carácter retroactivo, cuestiona las causas que inhabilitan para crear un partido y propone que el Defensor del Pueblo pueda promover la ilegalización de una formación.

Viernes 19 de abril. El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de Ley sin tener en cuenta la principal recomendación del dictamen del Consejo de Estado, la eliminación del carácter retroactivo de la norma.

Lunes 22 de abril. El PSOE presenta las líneas básicas que defenderá durante la tramitación de la Ley. Los socialistas pedirán que se garantice la seguridad jurídica de la Ley de Partidos para que se aplique exclusivamente a los grupos que colaboran con el terrorismo; que se elimine su carácter retroactivo y que se defienda que sean instituciones, y no grupos políticos, quienes promuevan el proceso de ilegalización.

Miércoles 24 de abril. PP y PSOE comienzan a negociar en secreto una salida al enquistamiento de la situación.

Martes 30 de abril. El PSOE envía un texto de doce folios al Gobierno con sus condiciones para negociar la ley. Los socialistas insisten en que sea el Ministerio Fiscal quien tome la iniciativa en la demanda de ilegalización, que la Sala Civil del Tribunal Supremo sea el órgano competente y rechazan la retroactividad de la norma.

Mayo

Lunes 6 de mayo. CiU entra en el debate. Su secretario general, Josep Antoni Duran i Lleida afirma que el proyecto "carece de garantías democráticas". Los convergentes anuncian que presentarán una docena de enmiendas para introducirlas.

Jueves 9 de mayo. Gobierno y PSOE se reúnen para fijar los términos de la negociación de la reforma del proyecto de Ley de Partidos Políticos y constatan "dificultades" para llegar a un acuerdo. Ambos partidos se fijan como día límite para cerrar la negociación el 14 de mayo, fecha en la que culmina el plazo de presentación de enmiendas.

Domingo 12 de mayo. La negociación avanza. El Ejecutivo acepta no iniciar actuaciones contra la formación que lidera Otegi por hechos ocurridos en el pasado. El único punto importante de discrepancia sigue siendo qué instancia promovería la ilegalización.

Martes 14 de mayo. PSOE y PP negocian contrarreloj para intentar consensuar un texto antes de las 18.00 horas, plazo límite para presentar enmiendas al proyecto de ley. Minutos antes de dicha hora, ambos partidos anuncian un acuerdo. Finalmente, los parlamentarios no podrán directamente instar la ilegalización de un partido. Sólo podrán solicitárselo al Gobierno, que a su vez lo hará a través del Ministerio Fiscal.