Los jueces cuestionan la legalidad de expulsar a familias de menores delincuentes

La iniciativa adoptada ayer en Melilla a propuesta del delagado del Gobierno, que permite expulsar tanto a los menores con permiso de residencia que cometan delitos como a sus familias, se ha encontrado hoy con la oposición de los jueces, que consideran que no tiene fundamento legal.

Los jueces, a través de sus asociaciones profesionales, han cuestionado el amparo legal que pueda tener la propuesta del delegado del Gobierno de Melilla, Arturo Esteban, adoptada ayer por la Junta de Seguridad Ciudadana melillense.

Así, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, José Manuel Suárez, ha recordado que, "con arreglo a la Ley de Extranjería", la responsabilidad disciplinaria o sancionadora es "exclusivamente de la persona que ha cometido un delito, que es la que puede ser sometida a un expediente de expulsión, sea mayor o menor de edad". "Legalmente, en principio, la responsabilidad es individual y no afecta a terceros, sean padres, hermanos o amigos", ha sentenciado.

Suárez señala que la propuesta del delegado del Gobierno conlleva, además, un "problema humano" y "de patria potestad", ya que, al ser expulsado, un menor queda "desamparado" si no es acompañado por su familia.

El portavoz de Jueces para la Democracia, Miguel Carmona, ha insistido en el mismo argumento de Suárez, ya que considera que la propuesta de Arturo Esteban choca "con el principio básico del derecho moderno la responsabilidad personal" de los delitos. "Adoptar una medida contra toda una familia porque uno de sus miembros delinque choca con todos los esquemas jurídicos y con la personalidad de la pena: no tiene ningún amparo jurídico", ha concluido.

Por su parte, la responsable de relaciones con los medios de la Asociación Francisco Vitoria, Cristina Cadenas, ha asegurado que la propuesta del Delegado del Gobierno "parece que en principio no tiene cobertura legal", y "podría perfectamente ser impugnada". Fuera de consideraciones legales, Cadenas ha declarado que "proceder a la expulsión de la familia, si está legalmente en España y con sus documentos en regla, no parece la medida más adecuada".

No obstante, Cadenas ha destacado que la responsabilidad del delito es personal, pero que, en el caso de los menores, la responsabilidad civil derivada es de sus representantes legales. Asimismo, ha precisado que hay que tener en cuenta que para la expulsión de personas responsables de delitos "existen ya medidas concretas en el Código Penal".

A su juicio, esta iniciativa está relacionada con la puesta en vigor de la Ley Penal del Menor, "que está ocasionando serias dificultades en algunas Comunidades Autónomas", ya que depende "de la acción" de los ejecutivos de las propias autonomías. Por último, ha indicado que, "probablemente", en Melilla "se vean desbordados" al no tener suficientes centros para acoger a menores y el Delegado haya decidido "solucionar directamente el asunto".

No sólo los jueces han cuestionado la medida adoptada ayer en Melilla. También desde las filas del PSOE e Izquierda Unida se ha criticado la propuesta del delegado del Gobierno. El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, ha criticado la iniciativa, adoptada por la Junta de Seguridad de Melilla, integrada por la Delegación del Gobierno y el Ejecutivo de la Ciudad Autónoma. Zapatero entiende que "debe existir una política de menores replanteada a nivel general" y ha propugnando la apertura de un debate público sobre este tema.

Para Zapatero, el problema de los menores es grave "y no se trata como se debe", destacando la necesidad de efectuar una política más eficaz en este asunto.

Más crítica se ha mostrado la coalición IU, a través de su responsable Federal de Migraciones, Susana López, que ha calificado de "auténtica aberración" el anuncio de la Junta de Seguridad Ciudadana. López ha expresado, además, su "indignación por la sistemática vulneración de la legalidad, en aquella ciudad autónoma, en relación con los menores extranjeros y con los inmigrantes."

Denfensa del interes superior del menor

El presidente del Comité Español del Unicef, Francisco González Bueno, se ha refirido a la medida adoptada por la Junta de Seguridad de Melilla de expulsar a las familias con menores extranjeros delincuentes y ha advertido de que esta actuación contradice la defensa del interés superior

del menor.

"Toda decisión de la Administración y los tribunales en relación a cualquier menor debe defender el interés superior de éste y la expulsión de un menor que delinque junto a su familia se contradice plenamente con este principio", ha añadido.

González Bueno, que ha precisado no conocer el alcance exacto de la medida adoptada, ha dicho que la medida le ha sorprendido y que más que una actuación para solucionar un problema parece "un intento de quitarse el problema de encima".

Además, ha recordado que cualquier decisión que se adopte respecto a los menores debe respetar la Convención de los Derechos del Niño de 1989. En este sentido, ha advertido que el derecho de reunificación familiar no puede entenderse de una manera negativa, es decir, expulsando a la familia cuando se expulsa al menor, sino de forma positiva.

"No lo veo claro jurídicamente porque no se puede entender una reunificación familiar en sentido negativo y porque parace improcedente aplicar una pena en sentido colectivo", ha comentado.