Aplazado el juicio de los 'narcos' para que los peritos reconozcan al acusado enfermo

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de Audiencia Nacional ha decidido esta mañana aplazar hasta el próximo jueves el macrojuicio de la Operación Temple, en el que 37 acusados de narcotráfico se enfrentan a 1.046 años de cárcel. Hasta ese día dos peritos médicos del tribunal examinarán a Sigfredo Quintero, uno de los acusados quien ayer sufrió una crisis coronaria durante la vista.

Tras la petición del fiscal de aplazamiento del juicio, el presidente del tribunal, Carlos Cezón, ha decidido que dos facultativos determinen la posibilidad y la fecha en la que el presunto narcotraficante Quintero pueda comparecer al juicio.

Según un escrito de la comisaría de Policía de la Audiencia Nacional en relación con la enfermedad de Quintero, éste sufrió un episodio de crisis coronaria que obligó a su traslado al hospital Clínico de Madrid, donde permanece en observación custodiado por agentes de las fuerzas de seguridad.

La sesión había comenzado con hora y media de retraso sobre el horario previsto, debido a la ausencia de otro de los acusados, Alfonso León, quien sufrió ayer un intento de agresión y amenazas de muerte en la prisión de Soto del Real por parte de otros dos presos colombianos, según informaron fuentes jurídicas.

León, quien presuntamente lideraba la organización de narcos y para quien la fiscal pide 60 años de cárcel, no fue trasladado hoy a tiempo a la Audiencia Nacional para asistir a la vista, debido a que Instituciones Penitenciarias ha ordenado que sea cambiado de módulo y que siempre que sea trasladado al juicio lo haga en condiciones especiales de seguridad.

Según informa la Cadena Ser, León tendrá a partir de ahora la condición de testigo protegido.

Polémica causa

Ayer se inició el juicio oral por esta causa, que ha comenzado con polémica. Los tres magistrados encargados de dilucidarla están acusados de prevaricación por la fiscalía por poner en libertad bajo fianza a uno de los acusados, Carlos Ruiz Santamaría, Carlos el Negro, quien luego se fugó.

El fiscal general del Estado se querelló después contra estos tres magistrados -Cezón, López Ortega y Ollero- por presunta prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta) pero esta acusación no ha impedido el comienzo del juicio.

La fiscal pide para los 37 procesados condenas que oscilan entre 60 y 14 años de cárcel y multas de entre 414,7 millones de euros (69.999 millones de pesetas) y 12,02 millones de euros (2.000 millones de pesetas) por el transporte de cerca de diez toneladas de cocaína entre 1998 y 1999.

Según el escrito provisional del Ministerio Público, desde antes de julio de 1999 operaba en España un grupo de ciudadanos españoles y colombianos dedicado al transporte de ingentes cantidades de cocaína para su posterior distribución en España, Reino Unido e Italia. Esta organización se hallaba integrada en otra, cuyo centro de operaciones se encontraba en Colombia.

En total se ha cifrado en 52 toneladas la cantidad de droga que la red pudo distribuir desde el comienzo de sus actividades, al haberse calculado que introducía unos 1.000 kilos cada quince días.