El Gobierno dice que Rato puede ser accionista de Muinmo porque su participación es indirecta

La Dirección general de Inspección, dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP), no detecta incompatibilidades en la situación patrimonial del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, porque su participación en la empresa Muinmo es indirecta, según un informe que ha hecho público en el Congreso el titular de Administraciones Públicas, Jesús Posada.

Esta conclusión ha llevado al portavoz del PSOE en la materia, Angel Martínez Sanjuán, a solicitar la reforma inmediata de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos ya que, a su juicio, existen resquicios para vulnerar su espíritu a través de empresas intermedias, como demuestra el caso del vicepresidente económico.

En su comparecencia, el ministro ha explicado que el pasado 15 de octubre recibió una carta de Rato en la que le pedía que le aclarara si su titularidad de parte del capital social de una empresa (Aurosur) titular, a su vez, de otras participaciones societarias (en Muinmo, por ejemplo, empresa que contrató con la Administración pública y recibió un crédito de 525 millones del HSBC, banco que trabajó con Gescartera) afectaba a su compatibilidades, según lo previsto por la ley.

Posada ha aclarado que la norma legal prohíbe a los altos cargos tener personalmente o junto con su cónyuge e hijos dependientes y personas tuteladas, participaciones superiores al 10% en empresas que tengan conciertos o contratos de cualquier naturaleza con el sector público.

A partir de esta premisa, y según la documentación con la que contaba, la Dirección general de Inspección detectó dos situaciones distintas entre las empresas de Rato. Por un lado, empresas participadas por él directamente y que contrataron con la Administración, pero en las que nunca ha tenido más de un 10%.

Por otro, empresas en las que el vicepresidente es titular de un porcentaje superior al 10% y que, a su vez, participan en otras sociedades contratistas del sector público. En ellas ha centrado su análisis la Dirección general de Inspección, toda vez que la participación de Rato en Muinmo es a través de una empresa que no ha contratado con la Administración, Aurosur.

Interpretación restrictiva

En el informe que ha leído el ministro, se recuerda que lo que la ley prohíbe "literalmente" es que el alto cargo tenga una participación "directa" en las empresas que contraten con el sector público. "Una interpretación extra legem que extendiera dicha limitación a las empresas en que el alto cargo participa en segundo grado sería cuestionable jurídicamente, dado que la Ley de Incompatibilidades, como norma limitativa de derecho, sólo puede ser interpretada restrictivamente", argumenta.

Otro de los razonamientos que se esgrime en el informe para sustentar esta interpretación de la norma es que, del análisis de las normas que configuran el ordenamiento jurídico, se desprende que siempre que el legislador ha querido referirse a las sociedades participadas indirectamente lo ha hecho de forma expresa, "cerrando por ello toda posibilidad de interpretaciones más amplias".

La Dirección general de Inspección subraya que este es el criterio que viene aplicando desde el inicio al exigir el cumplimiento de la Ley de Incompatibilidades y que, desde la perspectiva de las organizaciones societarias y de la legislación mercantil, no es posible vincular o condicionar la actividad contractual de una sociedad que tiene su propia personalidad jurídica, su propio patrimonio y su propio objeto social por la de las sociedades que forman parte de su capital social, salvo que exista "una evidente posición de dominio o control".

Posada ha aprovechado su intervención para respaldar la validez de la actual Ley de Incompatibilidades y para defender la "profesionalidad, independencia y objetividad" de la Dirección general de Inspección.

En cualquier caso, se mostró dispuesto a estudiar las propuestas de modificación legislativa que pueda presentar la oposición al respecto pero dejó claro que, a su entender, podría ser más beneficioso un cambio de la interpretación que de la norma. Eso sí, precisó que cualquier cambio que se acepte no tendrá nunca efectos retroactivos y deberá hacerse público para que todo el mundo sepa a qué atenerse desde el momento en que entre en vigor.

Críticas de la oposición

La conclusión del informe, sin embargo, ha llevado al PSOE a pedir la reforma de la Ley de Incompatibilidades. A su juicio, más allá del comportamiento personal de Rato, la comunicación sobre la situación del vicepresidente demuestra que la norma tiene "resquicios" por los que puede ser vulnerada en su espíritu, por ejemplo, a través de participaciones en sociedades intermedias.

A juicio del portavoz socialista, la "preocupante, peligrosa y laxa" interpretación dada por la Dirección general de Inspección a la norma rompe con la filosofía que inspiró la ley en 1995 y deja el "campo libre" a los altos cargos que quieran evitar posibles incompatibilidades. En este sentido, ha preguntado a Posada si tenían la certeza de que Rato no poseía más del 10% del capital social de Muinmo "directa o indirectamente".

Martínez Sanjuán ha lamentado que el Gobierno esté aplicando de manera tan "generosa" la ley, diluyendo su "potencia fiscalizadora" y contraviniendo su espíritu como, a su juicio, a hecho Rato al vincular su actividad pública con intereses privados. En parecidos términos se expresaron los portavoces de IU y PNV.