Pietro Arcán amenaza con volver a matar para impedir su extradición a Rumanía

El moldavo Pietro Arcan, en prisión acusado del asesinato del abogado Arturo Castillo y de las lesiones a su mujer e hijas en su chalet de Pozuelo de Alarcón (Madrid) el pasado 20 de junio, se ha negado hoy a ser extraditado a Rumanía y ha advertido de que cometerá un nuevo crimen si se acuerda su entrega a las autoridades de aquel país.

Así se ha expresado el presunto asesino de Pozuelo en la Audiencia Nacional, donde se ha celebrado la vista de la extradición de Arcan, de 24 años, a Rumanía -donde está reclamado por los supuestos delitos de homicidio, robo y allanamiento de morada-, a la que es favorable el fiscal.

Arcan se encuentra preso en España acusado de los delitos de homicidio y robo por los hechos sucedidos el pasado 20 de junio en un chalet de la localidad de Pozuelo de Alarcón, donde presuntamente asesinó a su propietario, el abogado Arturo Castillo, y causó lesiones a su mujer y dos hijas.

El acusado ha comparecido en la vista vestido con un chándal, cazadora negra y zapatillas deportivas, llevaba un largo bigote y estaba asistido por un intérprete.

Pietro Arcan ha manifestado que no quiere ser extraditado a Rumanía, que conoce la causa por la que este país le reclama y ha advertido de que si finalmente se acuerda su entrega "voy a hacer algo para matar a otra persona y que no me extraditen".

El intérprete, que no entendía bien las palabras del acusado porque, ha dicho, "está un poco tembloroso", tuvo que pedirle a Arcan que repitiese la frase "porque me parecía muy fuerte" y tenía que asegurarse.

El mismo delito cometido en Rumanía

Según la demanda de extradición presentada por las autoridades rumanas, Arcan, "el 25 de diciembre de 2000, en unión de otros, entró por la fuerza en la vivienda de Gheorghe Marius, en Satu Mare, y le golpeó hasta causarle la muerte. Luego se llevó objetos de oro y teléfonos móviles".

El fiscal presentó en la vista su informe, favorable a la entrega del acusado porque concurren el principio de doble incriminación (los hechos por los que se le acusa en Rumanía también son delito en España) y el del mínimo punitivo (la pena a la que podría ser condenado es superior a un año).

Además, según el fiscal "el reclamado no tiene la nacionalidad española, no ha prescrito el delito y tampoco concurre causa o circunstancia alguna" que extinga "la responsabilidad que pudiere apreciarse", y agrega que "las autoridades de Rumanía tienen jurisdicción para condenar al reclamado, habida cuenta que los hechos tuvieron lugar en Rumanía".

Por ello, concluye que "procede acceder a la extradición de Petru Arcan solicitada por el Gobierno de Rumanía, para que sea juzgado por los hechos y delitos a que se refiere la orden de prisión preventiva de la Fiscalía de Satu Mare".

El representante del ministerio público solicitó, el pasado mes de octubre, una prórroga de la situación de prisión provisional de Arcan por dos años, hasta el 22 de junio de 2003; y por otros dos más -hasta el 2005- "si para entonces la extradición no hubiese sido ejecutada, caso de haber sido concedida".

Por su parte, el abogado de Pietro Arcan ha solicitado en la vista que su defendido no sea extraditado porque en Rumanía "no va a gozar de las mismas libertades que en España", entre otras cosas porque "es un país tercermundista".

El letrado ha advertido al tribunal de que si se entrega al procesado y es condenado en Rumanía, cuando España le reclame "dentro de unos 20 años" los delitos habrán prescrito y no podrá ser juzgado por ellos.

Entre las causas que Arcan tiene pendientes en España, el abogado ha citado la reseñada de Pozuelo y otras en Colmenar Viejo, Alcorcón, Guadalajara, Coslada y Toledo, alguna de ellas por robo con fuerza y de vehículos.

"Tiene delitos graves en España y quiere defenderse de ellos", ha dicho el abogado, quien ha agregado que "son suficientes causas como para que se decida a la ligera sobre su extradición".