La Fiscalía del Estado se querella contra el director de 'Gara' por la entrevista a ETA

La confusión parece deberse a que Otamendi aparecía en la fotografía de primera página del diario abertzale junto a Aizpurua y a dos encapuchados de la banda terrorista. El desconocimiento lleva al ministerio público a pedir al Delegado del Gobierno en el País Vasco que informe "del nombre y apellidos, circunstancias de filiación y domicilio, del director del diario Gara, al parecer Martxelo Otamendi".

La querella, que según fuentes jurídicas ha recaído en el juzgado de Baltasar Garzón, recoge varios extractos de la entrevista y dice que las manifestaciones expresadas por los terroristas no pueden "por menos de causar evidente temor y desasosiego en los destinatarios potenciales y reales de la publicación, en cuanto forman parte de los grupos sociales de los que se predica que serán víctimas de los sucesivos atentados de la banda terrorista".

Entre las diligencias propuestas figura también el que "se proceda al secuestro de todos los ejemplares de dicho diario correspondientes al 7 de junio de 2001" y que "se cite de comparecencia ante el Juzgado al director del diario Gara (...) en concepto de inculpado (...) y que se le pregunte quiénes son los personajes que efectivamente concedieron la entrevista".

"También, de forma clara y continuada se expresa que tales actividades terroristas, eufemísticamente denominadas 'lucha armada', constituyen algo necesario y conveniente. En definitiva, se justifican las actividades terroristas", añade el escrito de la Fiscalía.

En la entrevista, los terroristas afirman que "mientras no se reconozcan los derechos democráticos de Euskal Herria, y mientras no existan los instrumentos para garantizar y desarrollar estos derechos, ETA mantendrá la lucha armada", y que sus objetivos son "quienes integran los poderes del Estado y los responsables del conflicto".

Además, aseguran que los concejales del PSOE "se convirtieron en objetivo de las acciones de ETA" al suscribir con el PP el pacto antiterrorista y justificaban los atentados contra periodistas diciendo que éstos "son asalariados al servicio de un Estado y de unas fuerzas armadas extranjeras".

"Medida contra la libertad de expresión"

Euskal Herritarrok considera que la querella presentada por la Fiscalía es "una medida contra la libertad de expresión" que pretende "criminalizar" a los medios de comunicación "que se sitúan fuera del pensamiento único español".

La formación abertzale califica de "escándalo político" la medida y opina que que la actuación del ministerio público es "el último eslabón" de la estrategia del Estado para instaurar un "estado de excepción en la sociedad vasca" y la inscribe en la actitud del Gobierno de "hacer oídos sordos a las opiniones de este pueblo".

"Castigar y prohibir las declaraciones que no les agradan es la respuesta del fascismo español", añade EH para quien además la querella sólo logrará "ahondar el conflicto y obstaculizar su solución".

El juez Joaquín Navarro Estevan, por su parte, ha defendido el derecho del diario Gara a publicar la entrevista que hizo la semana pasada con dos dirigentes de ETA, ya que se trató, en su opinión, del ejercicio de la libertad de expresión, y no de la exaltación del terrorismo.

Navarro considera "inquietante" la querella y defiende que "los entrevistadores no cometían ningún delito, ni ensalzaban a nadie, ni incitaban a nadie a cometer nada", sólo se limitaron a transcribir lo que dijeron sus interlocutores.

Para el juez esta querella es consecuencia de la reforma de la ley antiterrorista que impulsó el Gobierno el año pasado. A su juicio, esta modificación fue un error, porque la mejor forma de ir contra el terrorismo "es abrir de manera radical todas las puertas a la libertad de expresión", incluso de las ideas que van contra el sistema.

Por otro lado, la Asociación Profesional de la Magistratura se ha felicitado por la rápida reacción de la Fiscalía, aunque sin valorar si el diario Gara cometió el delito del que le acusa el ministerio público. Quien sí considera delictiva la actuación de los dos periódicos que publicaron la entrevista es la asociación judicial Francisco de Vitoria, que por boca de su portavoz considera "escandaloso" que actuaciones como exaltar el terrorismo o proferir amenazas "puedan quedar impunes".