Fernández Miranda justifica la continua llegada de inmigrantes en el "efecto péndulo"
El delegado del Gobierno para la Inmigración asegura que los derechos que la nueva Ley de Extranjería niega a los indocumentados no son "fundamentales" sino "sociales"
En opinión de Miranda, "se debe diferenciar netamente derechos fundamentales o de derechos sociales, porque esta es la diferencia que establecen en sus informes sobre la ley tanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como el Consejo de Estado".
"Los derechos a la asociación, reunión, manifestación y huelga no son derechos fundamentales", ha indicado Fernández Miranda, quien ha asegurado que la nueva Ley "reconoce derechos fundamentales y sociales y regula estos derechos sociales porque lo permite la Carta Magna".
Como ejemplo de sus argumentos, el delegado para la Inmigración ha afirmado que todos los españoles tienen derecho al voto pero "nadie se atreverá a decir que es inconstitucional que no pueden ejercer este derecho personas que no estén censadas o que no acudan a votar documentados".
El ‘efecto llamada’
El secretario de Estado ha reiterado que la anterior Ley provocó un "efecto llamada" de inmigrantes que entraron en España de forma irregular y, como prueba de este argumento, ha recordado que mientras en el año 1999 llegaron a las costas españolas unos 3.500 extranjeros con pateras o zodiacs, en 2000, en que estuvo en vigor la anterior normativa, fueron 15.000 los que alcanzaron territorio español.
A su juicio, una vez se "ha corregido este factor (en referencia a la anterior ley), sin duda alguna el efecto llamada ha disminuido".
El responsable de Inmigración ha justificado que continúe el flujo de ‘sin papeles’ que llegan a las costas españolas en que "estamos ante una realidad que podemos comparar con el efecto péndulo, ya que los péndulos no se paran en seco sino que tienen una serie de inercias en la oscilación".
Fernández Miranda también ha dejado claro que, aunque el Ejecutivo tiene competencias plenas en esta cuestión, tendrá en cuenta "la opinión imprescindible" de las CCAA, a través del Consejo Superior de la Inmigración, para fijar los contingentes anuales de trabajadores inmigrantes que se permite entrar regularmente en nuestro país.
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